353 



macia, para poder deducir si los honorarios devengados es- 

 tán en relación con los reconocimientos que se lian efectuado. 

 Mucho trabajo se habría ahorrado la Sección, si al mismo tiem- 

 po se hubieran acompañado con las cuentas los informes de los 

 peritos; pero habiendo transcurrido algún tiempo de la épo- 

 ca en que fueron presentadas, la mayor parte de las causas 

 criminales a que hacen referencia los citados anárisis deben 

 estar archivadas, y para cumplimentar lo dispuesto por la 

 Keal Orden citada se ha atenido la Sección á los datos que 

 arrojan los oficios de remisión de los Jueces de Primera Ins- 

 tancia á la Ordenación General de Pagos. 



Otra dificultad se presentaba también, cual era la falta de 

 una Tarifa Oficial para poder regularizar los honorarios. 

 Hace más de treinta años que los peritos químicos vienen 

 cobrando en las causas de oficio treinta y siete pesos cincuen- 

 ta centavos por cada análisis, siete pesos cincuenta centavos 

 por cada dia invertido en la operación, agregando al final el 

 costo aproximado de los reactivos y de los aparatos y útiles 

 empleados en el reconocimiento. Establecida esta tarifa por 

 la costumbre, aceptada por los Jueces y por las Oficinas de 

 Hacienda que con arreglo á ella han efectuado el abono de 

 cantidades de consideración, ha sido preciso respetarla. Esas 

 mismas cantidades las cobraban los catedráticos de la Uni- 

 versidad cuando efectuaban los análisis químico-judiciales, y 

 los demás profesores han seguido su ejemplo sin que se haya 

 levantado una voz en contra de lo establecido, y está por con- 

 siguiente sancionado por el trascurso de los años. Pero co- 

 mo puede darse el caso de que haya un profesor que, á se- 

 mejanza del Sr. Casaseca y de otros, pretenda cobrar como 

 aquél mil y mil quinientos pesos por el análisis de unas vis- 

 ceras, que de conformidad con lo ya acostumbrado sólo debe 

 valer treinta y siete pesos cincuenta centavos, cree la Sección 

 que la Academia debe redactar la Tarifa, y una vez obteni- 

 da la sanción del Gobierno Supremo, que rija en todos los 

 casos para evitar reclamaciones más ó menos injustificadas, y 

 mientras tanto hay que seguir la práctica establecida. Como 



T. sxin.— 45, 



