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cuantas disposiciones se han dictado para regularizar este 

 ramo, han sido inútiles,» es decir, se han estrellado ante el 

 interés privado de los especuladores periciales. A fines de 

 1883 importaban en la Península los análisis judiciales cua- 

 trocientos mil pesos (ocho millones de reales), que estaban 

 por satisfacer; y en los últimos presupuestos se abonaron, 

 por este concejíto, cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta 

 y dos pesos, cuando solo estaba» consignados para estas aten- 

 ciones treinta y ocho mil seiscientos. 



La gráfica y abrumadora razón de los números comprue- 

 ba que tanto aquí, como allá, han existido los mismos vicio- 

 sos procedimientos, que es preciso extirpar con mano fuerte 

 en honra de la administración y en obsequio de la cosa pú- 

 blica. 



Confesado por el mismo Sr. Ministro, que existe en la IMe- 

 trópoli una verdadera antinomia entre los recursos y los gas- 

 tos de la administración, se hace indispensable entre noso- 

 tros, como acaba de realizarse en Madrid por él Gobierno 

 Supremo, la conversión en nuestro presupuesto local, de su- 

 mas indeterminadas por cantidades determinadas j^ara cu- 

 brir tan importante servicio; así debió hacerse desde mucho 

 tiempo atrás, y no se vería hoy el Estado en la obligación 

 de satisfacer los créditos que representan los análisis que se 

 han practicado, con arreglo á las tarifas profesionales apro- 

 badas con antelación por el mismo Gobierno. 



Otra de las razones que ha impulsado al Sr. Ministro del 

 ramo a organizar de un modo estable y conveniente el ser- 

 vicio químico-legal, ha sido la convicción moral que tienen 

 los gobernantes metropolitanos de que muchos análisis, aun- 

 que aparezcan hechos, no lo han sido realmente, por la ca- 

 rencia de laboratorios cid hoe y de instrumentos y aparatos 

 de precisión, que en determinadas circunstancias no han ^^o- 

 dido estar al alcance de los peritos. Verdad es que la ley 

 no tiene derecho para penetrar en el sagrado terreno de la 

 conciencia profesional; pero tampoco se debe pej-mitir que, á 

 sabiendas, se acepte como prueba en una causa criminal un 



