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Falta hace, ahora, aveiifíuar qué alcance corresponde al propósito 

 así deducido de la ley sobre obras ])úblicas. 



Tomándolo bajo el aspecto completamente general, la garantía de- 

 bida por los agentes administrativos con motivo de sus actos perju- 

 diciales, vuelve a cobrar la complicación que estudiamos al principiar 

 esta conferencia. Es, ante todo, directa esa garantía i)ara con la ad- 

 ministración, la que está autorizada i)ara destituir al empleado^ si 

 halla a éste con culpa grave, o bien imftoneiie correctivo de menor 

 severidad. 



La resi)onsabilidad civil, es decir, pecuniaria, también corres])onde 

 a favor del Estado, el que puede demandarla al empleado en mérito 

 del artículo 1112 del Código civil, que dispone: «Los hechos y las 

 omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funcio- 

 nes, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones le- 

 gales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones 

 de este título.» (De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que 

 no son delitos). 



Para Lucio V. López (1). esta cláusula legal consagra la responsa- 

 bilidad directa de los agentes de la administración. 



Creo que se extiende esta conclusión a la resijonsabilidad indirecta 

 que sea atribuida a la administración por los hechos de sus agentes. 



No obstante, las responsabilidades de orden general, derivadas de 

 las prescripciones del derecho común, cuadran mal a la situación co- 

 rriente de los profesionales empleados de la administración i)ública. 

 Es efectiva, en numerosos casos, la colaboración de varias personas 

 en una misma tarea; la substitución de unos por otr-os em])leados en 

 los mismos servicios ; la discontinuidad o la modificación de esos ser- 

 vicios por voluntad jerárquica superior y la sumisión forzada de un 

 subalterno a las órdenes de quien le manda. Prácticamente, pues, y 

 a falta de prescripciones reglamentarias precisas, las responsabilida- 

 des de los empleados serán, a menudo, de difícil atribución, y es muy 

 j)osible que en tal mérito i)ersista el hábito de descuidar la imputa- 

 ción de pérdidas pecuniarias a los empleados públicos que debieran 

 soportarlas por su falta de diligencia o de aptitud (2). . 



(1) Curso de derecho administrativo, capítulo XIII, número 106, páginas 218 y si- 

 guientes. 



(2) Estas consideraciones no comprenden lo relativo a la responsabilidad por 

 el manejo de fondos, punto que tratan disposiciones especiales de la Ley de Con- 

 tabilidad. 



