BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 



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varias a cabo en Enero o Febrero; annnciarlas 

 en el Boletín social, publicando las instruc- 

 ciones y artículos congruentes de los Estatutos 

 y del Reglamento electo al, y facultar a la Pre- 

 sidencia para que decrete lo necesario al buen 

 orden de la elección. 



En virtud de carta del Presidente de la Unión 

 Agrícola de Socorros mutuos de Aniñón, ro- 

 gando se disponga la baja de dicha entidad 

 como socio corporativo de la de Labradores; 

 la Junta acordó quedar enterada y tomar nota 

 de dicha baja en el Registro correspondiente. 



D. Manuel Marracó sometió a estudio el pen- 

 samiento de si sería oportuno que la Asociación 

 se subscribiera a las Obligaciones emitidas por 

 la Compañía ferroviaria del Central de Aragón, 

 poniéndose en relación con otras entidades para 

 lograr intervención en la empresa, facilitando 

 de ese modo importantes mejoras para nuestra 

 comarca, y señaladamente la proyectada hnea 

 por Caminreal. Fué encargado el Administra- 

 dor de la Asociación de recibir informes en el 

 Banco de Aragón, donde se formaliza la sus- 

 cripción y compra de aquellas Obligaciones, y 

 de proponer lo que entienda conveniente a los 

 intereses sociales. 



Por último se leyeron los estados y balances 

 mensuales, terminando la sesión a las siete. 



lleta de miiDeo dei mes de Febrero de 1920 



Aprobada ea sesión del día é de Marzo siguiente 



INGRESOS 



Pesetas 



Existencia anterior 524.064'27 



Ingresos del mes de Febrero 304.699'20 



Total 828.763'47 



PAGOS 



Importan los realizados en este mes 118.626*25 



Existencia 710.137'22 



SECCIÓN DE CUESTIONES HGRHRIHS 



LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 



En el proyecto de ley redactado por el Mi- 

 nistro de Hacienda y que uno de estos días 

 principiará a ser discutido en el Congreso, se 

 eleva el cupo de la contribución territorial de 

 todas las provincias españolas de la Península, 

 islas Baleares y Canarias, a 195 millones de 

 pesetas. Actualmente es de 170 millones. 



A primera vista, el aumento parece modera- 

 do y justificado: 25 millones más para una masa 

 tan enorme de riqueza y en las circunstancias 

 presentes de valoración extraordinaria de la 

 propiedad inmueble y de los productos agra- 

 rios, no es una cifra que espante. Y aun la cifra 



global — 195 millones — , que recae sobre los ren- 

 dimientos del suelo y de los edificios de toda 

 España, cuya superficie es, en números redon- 

 dos, de 50 millones de hectáreas, y cuyo núme- 

 ro de habitantes pasa de 21 millones, no choca 

 por excesiva o exorbitante, sino más bien por 

 pequeña y exigua. La propiedad urbana, sobre 

 todo, ha tenido en los últimos tiempos un incre- 

 mento rápido y enormísimo. El dato más elo- 

 cuente que a este propósito se puede citar es 

 que en Barcelona ha llegado a valer el metro 

 cuadrado de terreno — claro está que en el es- 

 pacio reducido de una posición de excelencia y 

 privilegio — , ¡5.000 pesetas! 



Pero si se considera la estructura de este im- 

 puesto en nuestra legislación, se modifica pron- 

 to aquella primera impresión sobre el aumento 

 del cupo, y se concluye que es preferible dejar 

 a éste en su cuantía actual, mientras no se in- 

 troduzcan en el régimen del tributo las refor- 

 mas indispensables para la perecuación y equi- 

 dad de la carga tributaria. 



Porque es un hecho, comprobado, y declara- 

 do por el mismo Ministro de Hacienda, señor 

 Conde de Bugallal, con estas sus propias pala- 

 bras «que existe una masa enorme de fincas 

 que desde hace más de diez lustros vienen su- 

 cesivamente adjudicándose a la Hacienda en 

 virtud de expedientes seguidos para el cobro 

 de las contribuciones», y ante este hecho, de 

 gravísima trascendencia social y económica, es 

 menester que ceda cualquier consideración de 

 índole fiscal para no intentar recargos que 

 agraven la situación mísera de los débiles. Ante 

 todo, hay que corregir el régimen tributario que 

 da origen a ese hecho bochornoso y funesto de 

 la expoliación de los pequeños propietarios por 

 la Hacienda. Y ello es, precisamente, lo que no 

 se advierte en el proyecto ministerial, el cual 

 deja substancialmente intactas las bases ac- 

 tuales de la legislación y administración del 

 impuesto. 



La paradoja de que una contribución, cuyo 

 rendimiento global se ajusta, sin pecar por ex- 

 ceso, sino más bien por defecto, a la capacidad 

 redituaría y contributiva de la riqueza gravada, 

 considerada en conjunto, y, sin embargo, pro- 

 voca el abandono de la misma riqueza en mu- 

 chas de sus manifestaciones específicas y su 

 entrega al fisco por no poder soportar el peso 

 del gravamen, sólo tiene explicación por una 

 distribución arbitraria e inicua de la carga. Los 

 grandes, sólidos e influyentes propietarios echan, 

 en cuanto les es posible, el fardo sobre los pe- 

 queños, enclenques y desamparados propieta- 

 rios, hasta hundirlos bajo el agobio de las deu- 

 das y de las contribuciones. 



Se ha estimado con datos fehacientes que la 

 propiedad raíz de España está gravada con una 

 deuda hipotecaria superior a 10.000 millones 

 de pesetas, cuyos intereses importan por lo 

 mínimo, 500 millones anuales. En el sistema 



