260 ADMINISTRACION. — RENTAS Y GASTOS. 
estaban excluidas de su pago, y estableciendo diez clases de profesiones, rentas y oficios, á las cuales se 
asignaron respectivamente las cuotas de 180, 150, 120, 64, 52, 40, 52, 24 y 12 pesos anuales, pre- 
fijándose en 20 de setiembre de 1855 el modo de formar las matriculas y de hacer los repartimientos, 
resultando de todo que no obstante ser así mas equitativo el impuesto, y de comprender en el mil qui- 
nientos contribuyentes mas, se aumentaron sus rendimientos en 85.000 pesos anuales. 
Gracias á estas mejoras, los presupuestos de 1856 presentaron ya nivelados los ingresos con los gastos, 
ascendentes á la sama de 675.407 pesos, viéndose por la primera vez consignados 30.000 pesos para la 
instruccion pública, 16.516 para cubrir los déficits de la Real casa de Beneficencia y Maternidad y el 
hospital de San Felipe y Santiago, y 50.000 para el pago de deudas atrasadas, que fueron aun cn mayor 
cantidad saldadas en el curso del año. En los años siguientes se extendieron las mejoras á todos los bar- 
rios extra-muros y partidos rurales de la jurisdiccion, ascendiendo ya á 986.115 pesos el presupuesto 
nivelado, para 1859, figurando en él la instruccion pública con la suma de 42.192 pesos, la bene- 
ficencia con 20.216, las obras públicas con 350.766, y satisfechas todas las deudas antiguas, que eran 
enormes. 
Hecha esta digresion sobre la reforma obtenida en el Ayuntamiento de la Habana, podemos proseguir 
dando noticia de la obtenida en los de las demas ciudades y del interior de la Isla. Las instrucciones 
circuladas por el Sr. General Concha, para la formacion de los presupuestos generales, abrazaban no 
solo las necesidades de las poblaciones cabeceras de jurisdiccion, sinó tambien las de los pueblos y par- 
tidos rurales, y las primeras comprendian además las advertencias necesarias para organizar todos los 
servicios y atenciones, constituir las secretarias y oficinas para la recaudación, intervención y distribu- 
cion de sus fondos, la organizacion de la policía de seguridad, así municipal como rural, que debia 
exonerará los vecinos del vejatorio servicio de las rondas, de conduccion de presos y de pliegos, á que estaban 
obligados, además de atender á la seguridad con lo que permitiera su fuerza. Ordenábase igualmente, 
que las comisiones locales de instruccion pública, formasen el proyecto y presupuesto de las escuelas, y 
que su importe se inclnyese por los ayuntamientos, en los suyos, y lo mismo se prevenia respecto á las 
comisiones de beneficencia y cárceles, debiendo aquellas formar los presupuestos de los establecimientos 
de caridad, á fin de que se comprendiera en los municipales, el déficit que en ellos resultaba ó la suma 
precisa para darles el ensanche conveniente ó para preparar fondos con que crearlos donde no existian. 
Por último, se facultaba á los ayuntamientos para comprender las cantidades que creyeran necesarias 
para la policía urbana, para la reparacion y el entretenimiento de las calles, para las obras de nueva 
construccion, aprobadas ó que se considerasen precisas y urgentes, y no se olvidaron las cargas y deudas, 
para cubrir las unas é inamorlizar las otras. 
Se conocerá por esta lijerísima reseña, que la autoridad superior de la Isla acometió una inmensa 
empresa en la organizacion del régimen municipal en tola ella; empresa tan difícil como generalmente 
ignorada fuera de aquel país, y que no obstante su latitud y complicacion, no forma mas que una parte 
de la reforma administrativa que introdujo en él. 
Con la de los ayuntamientos debia ir asociado el establecimiento de los nuevos impuestos directos 
creados para sostenerlos, lo cual presentaba otro órden de dificultades, no menor ciertamente que aquel. 
Con ellas se unia una gravísima responsabilidad de invadir ó atribuirse, facultades aun no obtenidas, 
y que tardaban en llegar á la autoridad que las necesitaba, lo cual le creaba una posicion delicada y 
comprometida, por la oposicion que en muchas localidades hallaba el establecimiento de impuestos 
directos, y que se suponia podrian producir un descontento general y ser causa de graves conflictos que 
llegasen á poner en peligro la tranquilidad pública. 
Mas por fortuna todas las ansiedades cesaron, desde que se recibió el Real Decreto de 5 de setiembre 
de 1856, por el cual S. M. se dignó aprobar el establecimiento del impuesto de 4 por 100 sobre las 
rentas de las fincas cubanas, de 2 por 100 sobre las de las rústicas, y el de la industria. El nuevo sistema, 
además de su objeto especial, tenia eh la mente de la previsora autoridad que le concibió y que le pro- 
puso, otra tendencia mas lejana, que era servir mas tarde de base á la reforma del sistema tributario de 
la Isla, suprimiendo rentas onerosas contra las cuales claman, hace mucho tiempo, la ciencia y la opinion 
que las reprueban. 
