EL GKADO DE LICENCIADO 239 
Muy poco ó casi nada han hecho las legislaciones posi- 
tivas en esta materia para solucionar este importantísi- 
mo problema y la jurisprudencia, á pesar del sendero en 
que ha entrado, en esta época, el Derecho Internacional 
Privado, todavía quiere señalar como limite para el au- 
lu declarativo de la quiebra, las fronteras de las nacio- 
na idades. Las legislaciones y la práctica asi lo han 
sancionado. Venen los efectos jurídicos de la quiebra 
actos de coacción imposibles de extraterritorialidad y 
no quieren dar el exequatur al auto, no quieren recono- 
cer sus efectos y prefieren ver á los acreedores extrange- 
ros en la imposibilidad de hacer valer sus derechos si no 
los ejercitan individualmente como si la quiebra no hu- 
biera sido declarada: desprecian el estatuto personal, 
según el cual los sindicos deben ser considerados tales 
en todas partes, porque su recanocimiento implica el de 
la eficacia de la quiebra. Advirtiendo que á pesar de 
todo hay una tendencia en reconocerse en los síndicos 
ciertas facultades independientemente del exequatur, 
veamos como los juristas han querido corregir rigorismo 
tan trascendental, examinando sus Opiniones. 
: Partiendo algunos de la consideración de que el au- 
to de quiebra es acto de jurisdiccion graciosa consideran 
a los sindicos como mandatarios del quebrado á quienes 
el juez no ha hecho sino confirmarles en su cargo de 
Procuradores cuando la quiebra ha sido promovida por 
el mismo deudor ó por los acreedores sin oposición del 
deudor, fundándoss, en este último caso, en la interpre- 
tación de un asentimiento tácito del quebrado á las deci- 
siones del juez. Es digno de notarse la exageración de 
algunos que quieren llevar este asentimiento tácito á to- 
dos los casos de quiebra, aún á aquellos en los que ha ha- 
bido oposición del deudor. Según esto, nada obsta 
para que la quiebra tenga efecto extraterritorial y que 
los sindicos puedan proceder sobre los bienes, en don- 
de quiera que se encuentran. Opinión falsa y evidente- 
mente errónea, pues que la declaración de quiebra es un 
acto de jurisdicción contenciosa, aún cuando se la haya 
decrutado sin oposición del deudor. Tiene éste induda- 
blemente el derecho de oponerse y si no ha usado ese 
der=cho es porque veía que carecía de sólidos fundamen- 
Los para ello; mal de su grado se le ha dictado esa sen- 
tencia; su silencio es pues ridiculo juzgarlo como si fue- 
ra una adhesión. Por estas consideraciones no se debe 
