250 TESIS PARA OPTAR 
san sancionados tántos y tántos proyectos como el que 
ha llegado á ser tratado, en los que se necesitan conoci- 
mientos especiales de una ciencia por lo demás tan com- 
pleja y delicada. Si nuestros Legisladores se hubieran 
preocupado suficientemente de este tratado, antes de 
aprobarlo se hubieran sometido al estudio de una comi- 
sión especial de gente experta y entendida (de la que, 
por fortuna, no carecemos), á fin de ajustar la aproba- 
ción á su dictamen y no dejarlo pasar como cosa peque- 
ña y destituida de importancia. 
Mas sesudo, razonado y práctico es el art. 36 de las 
reformas al Código de Enjuiciamientos en materia civil, 
sancionado por el último Congreso que dice: «Las sen- 
tencias extranjeras se ejecutarán: 1.” Si estuvieran arre- 
gladas á los tratados vigentes: y 2.” Siá falta de trata- 
dos en el exhorto en que se pide la ejecución consta: a) 
que ella no contraviene á ninguna ley ni por consiguien- 
te al Derecho Público Ecuatoriano, b) que se notificó 
legalmente la demanda, c) que la sentencia pasó en au- 
toridad de cosa juzgada contorme á las leyes del pais en 
que hubiese sido expedida y d) que la sentencia recayó 
sobre acción personal.» Fácilmente se hecha de ver, 
después del estudio que hemos hecho de las condiciones 
para que una sentencia obtenga el exequatur, que se ha 
omitido una muy esencial: la competencia del juez, juz- 
gada según las reglas del Derecho Internacional Pri- 
vad Además es de notarse que la cuarta condición 
es que la sentencia recaiga sobre acción personal: pero, á 
decir verdad, nose comprende el alcance de esta distan- 
ción hecha en contra de la acción real. 
n el caso del Dr. Santander, se sostuvo en nuestro 
foro que la legislación ecuatoriana admitía la ejecución 
de las sentencias extranjeras y lo mismo que el Sr. Dr. 
Luis F. Borja, el Sr. Dr. José ]. Andrade, nuestro profe- 
sor de Derecho Internacional Privado, admiten que el art. 
se pudo, ejecutar sentencias apoyándose en este solo al- 
ticulo, toda vez que no había forma de procedimiento; 
pues el art. 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no 
