SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 183 
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se entenderá como un principio general, que en su apli- 
cación tiene el mismo límite que la obligación de los Es- 
tados de respetar la ley extranjera, pues siendo el mutuo 
apoyo que se deben en la consecución de sus fines el fun- 
damento de la aplicación de la ley extranjera, cuando las 
prescripciones de esta ley son contrarias á las instituciones 
de orden y derecho público de un Estado, desaparece para 
éste la obligación de respetarla; de otro modo se lleya- 
ría á exigir que en favor de los intereses ajenos se obra- 
ra contra los propios; establécese así un gran número 
de excepciones en que no se aplicará otra ley que la na- 
cional del juez. Así por ejemplo: un individuo que está 
ya casado, no podrá casarse por segunda vez en un > 
tado donde no se reconoce la poligamia, aun cuando en 
el país en el cual es nacional ó tenga su domicilio, se la 
reconozca; ó viceversa: si casado en un país en donde 
no se reconozca la poligamia, podrá sin embargo casar- 
se Otra vez en un Estodo en que se la reconozca; mani- 
festándose en ambos casos, que no es la ley personal la 
que hemos aplicado á la capacidad jurídica para el matri- 
monio; sino la del lugar en que se trata de hacer ver los 
derechos. Lo mismo sucede respecto de la esclavitud, 
muerte civil y general, siempre que una institución re- 
conocida en un Estado no lo esté en otro, ó aun siendo 
reconocida tiene distinta naturaleza en ambos, la condi- 
ción legal de un extranjero, no estará regida exclusiva- 
mente por las leyes de su patria. 
La capacidad jurídica como ya vimos no es sino una 
consecuencia del estado" civil, debe por consiguiente ser 
regida por la misma ley nacional; en cuanto á la capaci- 
dad de obrar como presupone el desenvolvimiento de la 
razón y las facultades intelectuales, será también la ley 
nacional la que consultando las condiciones que influyen 
en el desarrollo físico y moral, como el clima, los carac- 
teres de raza, la situación topográfica del país, etc, ete., 
mejor determine la edad en que poco más Ó menos los 
individuos han alcanzado las debidas condiciones de ap- 
titud, que garanticen la prudente administración de sus 
derechos. 
