SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO IQI 
establecerse que si la ley de la nueva nacionalidad no 
tiene efecto retroactivo, no puede en consecuencia alte- 
rar los derechos adquiridos; luego el estado civil que por 
todos está reconocido en la clase de derechos adquiridos, 
debe subsistir aun cuando con el cambio de nacionalidad 
esté regido por distinta ley de aquella según la cual se 
constituyó; sin embargo no puede ser siempre admitida 
esta regla general; por ejemplo: si un individuo que ha- 
biendo según su antigua ley nacional adquirido la cuali- 
dad de hijo adoptivo, se nacionalice después en el Ecua- 
dor, no podrá hacerse valer contra él las obligaciones in- 
erentes ála mentada calidad, por no existiren nuestra leyis- 
lación preceptos que reconozcan y reglamenten la institu- 
ción que autorice la adopción; y así en muchos casos, el 
cambio de nacionalidad hace desaparecer un derecho ad- 
quirido legitimamente según la antigua ley personal. Esta 
deducción que á primera vista pudiera parecer injusta, tie- 
ue su razón de ser si se tiene en cuenta que si cesa la obli- 
gación del Estado de respetar la ley extranjera, cuando és- 
ta es contraria á sus principios de orden y derecho público, 
menos ha de reconocer en sus súbditos calidades que te- 
niendo fundamento en esas mismas leyes extranjeras, 
establecen relaciones que de consiguiente estén incluí- 
das en la misma excepción general. 
Teniendo, pues, por una parte, que la ley de la nueva 
nacionalidad no debe perjudicar los derechos adquiridos, 
y por ótra, no siendo posible aceptar como absoluto este 
principio; para fijar los límites dentro de los cuales es 
verdadero, es decir, para determinar, cuáles derechos ad- 
quiridos de los relativos á la condición jurídica de la per- 
sona subsisten, en el caso de cambio de nacionalidad y 
cuáles no, á mi parecer, puede admitirse en las leyes de 
la nueva nacionalidad, la misma distinción antes hecha 
para fijar el alcance del principio de la no retroactividad; 
el que, como ya vimos teniendo aplicación sólo respecto 
de las leyes que son concernientes al modo de adquisi- 
ción de los derechos; y no extendiéndose á todas las que 
tratan de la existencia de la institución, las que por su 
misma: naturaleza perjudican los derechos adquiridos. 
