E. Hernández Cartaya: Discurso inagural. 103 
mal entendido. Basta que mediten en la verdadera fuerza social 
que representan y en las virtudes que provienen de una organiza- 
ción bien preparada para que comprendan todo lo que pueden al- 
canzar, todas las garantías que pueden obtener; eso sí, no preten- 
der que el reconocimiento de su derecho se traduzca en imposicio. 
nes abusivas, que las reglas de distribución equitativa se convier- 
ta en subversión social. El porvenir de esa clase numerosa está en 
que cumpla, dentro de la democracia, su papel de contrapeso so- 
cial, dotado de los elementos de derecho y defensa para influir en 
el complicado mecanismo gubernamental. 
Hasta ahora, la solución no ha llezado a feliz éxito. Dificulta- 
des de organización político-administrativa y enconadas propagan. 
das divergentes fomentando el espíritu de clase, han perpetuado 
en las relaciones de obreros y patronos esas dos formas violentas, 
con las que creen imponerse, sin conseguir más que agravar re- 
celos y desconfianzas: la huelga de los unos, el lock-out de los 
otros. 
El examen atento de estos procedimientos extremos nos con- 
firma en que ese fenómeno de oposición económica entre elemen- 
tos que parecen hostiles, no es más que el exponente de una fase en 
la evolución de las relaciones sociales, que guarda analogía con otra 
que se registra en épocas pasadas de los grupos humanos, y que, 
como ésta, tendrá que llegar al justo equilibrio de intereses, bajo la 
tutela poderosa del Derecho. 
Por defectos de una legislación extremadamente individualista, 
que no tenía en cuenta los derechos de la categoría numerosa de 
trabajadores, para contrarrestar la fuerza del patrono en la fija- 
ción de salarios y regulación de las condiciones del trabajo, surgió 
la huelga, como brote de fuerza, como hecho colectivo que, por la 
resistencia trataba de sustituir la carencia de un derecho superior 
que, como norma común, se impusiese a todos. Y de ese modo, en 
medio del estado jurídico moderno y, no obstante, la regla funda- 
mental de nuestras sociedades políticas de que todos los conflic- 
tos de intereses no deben resolverlos los interesados, sino someterse 
al dictado del poder investido de facultades para la aplicación de 
las leyes, se presenta esa excepción por la que, con el paro de los 
negocios se persigue imponer la solución a la otra parte. Por ello, 
dentro de estrechos moldes se consideraba, en determinada época, 
como un hecho punible, hasta que, con la evolución de las ideas, 
