E. Hernández Cartaya: Discurso inagural. 107 
fuertes medidas para extirpar un mal que sólo puede engendrar 
odios sociales y desconfianza en los gobernantes. 
El monopolio excesivo, como la libre y exagerada competencia 
no puede constituir en ningún tiempo programa, ni solución, de 
las necesidades del comercio. Aquél podrá producirle grandes ga- 
nancias, pero a costa de irse convirtiendo, poco a poco, elemento 
de perturbación social; ésta, sin tasa, sin regla, podrá llevar el 
espíritu de empresa de muchos, a la ruina, por el procedimiento, 
a veces seguido, pero antieconómico, de las ventas más bajo que 
el costo. 
No obstante, de las dos soluciones ésta es la más favorable para 
el beneficio general, siempre que se organice sobre las bases de la 
inteligencia y de la buena fe. Debe perseguirse, prohibirse y con- 
denarse toda acción conjunta que tienda, en nuestras sociedades, 
a acaparar los artículos de comercio para gozar de la hegemonía 
del precio, ya que, con esas formas abusivas y punibles de confa- 
bulación para explotar las primeras necesidades de la existencia 
humana, se ha desfieurado, de tal modo, la relación económica en- 
tre intermediarios y consumidores, que éstos, por exelusivo e im- 
perativo poder, que aquéllos alcanzan por el monopolio, más que 
““precios””, pagan “tributos de vasallaje””, por lo que compran 
para la vida. 
Tienen los gobernantes que intervenir con decisión, para rom- 
per esas sitnaciones debidas al artificio, a fin de que los distintos 
elementos que juegan en la vida comercial, se muevan dentro de 
sus límites. Muchos métodos se recomiendan, en estos momentos 
de erisis y de ansias colectivas, pero la síntesis de todos estriba en 
que el público pueda apreciar mejor las condiciones de cada mer- 
cado, y que esa rama de la Administración se especialice y pueda, 
de ese modo, el gobernante conocer a fondo los datos para corre- 
oir las prácticas aubsivas o adoptar las medidas de auxilio o ga- 
rantía, que en ciertos momentos hagan necesarias las exigencias 
del cambio, dictando las reglas generales y actuando de manera que 
se protejan los legítimos intereses, bajo la suprema sanción de los 
Tribunales de Justicia. 
Y como complemento de esa función, que por la crisis de las 
subsistencias se hace necesaria, es también imprescindible que se 
ejerza sobre las empresas de servicios públicos una estrecha acción, 
para que éstos se presten con toda eficiencia. No deben conside- 
