168 ENRIQUE MONTORO Y SALADRIGAS 
pre en el territorio que las dicta, aregnícolas y extranjeras, soh 
superiores á la voluntad individual y preferentes y superiores á 
toda ley extranjera. *“El Estado tiene la facultad de conservarse 
y defenderse, y de rechazar, por lo tanto, las leyes que contradigan 
las bases fundamentales en que su organización descansa*”, dice 
Weiss, ilustre escritor y tratadista de la escuela italiana. No cabe, 
pues, pensar en el peligro que indican los distineuidos publicistas, 
antes citados, pues siempre que con la ley extranjera que se invo- 
que se ponga en peligro ó riesgo la soberanía del Estado, ó la *“uni- 
dad política””, de que habla el Dr. Quintana, el Estado podrá legí- 
timamente rechazar aquélla é imponer en su lugar la estricta apli- 
cación del derecho nacional, es decir, de la ley territorial. 
No negamos, sin embargo, aquellas necesidades que indispensa- 
blemente imponen eficaces y necesarias soluciones, en los países 
hispano-americanos y á que aluden los citados publicistas. Pero 
estimamos que el remedio eficacísimo para aquellas necesidades na- 
cidas de la constante inmigración extranjera y el medio fecundo 
para evitar los peligros que indican los referidos publicistas, está 
en la franca aplicación del jus soli como criterio exclusivo (domi- 
nante ya en casi todos los pueblos hispano-americanos), ó del ¿jus 
soli, en combinación con el jus sanguinis, según se preceptúa en 
nuestra constitución. * 
No tenemos, por otra parte, que defender la superioridad y ven- 
taja, tanto práctica como doctrinal, de la ley Nacional sobre la del 
domicilio. Reconócenlo así casi todos los tratadistas (Mancini, Bar, 
Esperson, Fiore, Asser, Laurent, Weis). Pero aparte de que exten- 
deríamos demasiado este trabajo y de que ya hemos dicho lo sufi- 
ciente sobre el particular, al comentar y reproducir los elocuentes 
párrafos de Mancini y Laurent, que oportunamente citamos, no es 
necesario que insistamos sobre ello: nuestro Código Civil en su 
artículo 9, consagra explícitamente el principio de la nacionalidad. 
EL ARTÍCULO 9. DE NUESTRO CÓDIGO Y EL 3. DEL CÓDIGO DE NAPOLEÓN 
Y en el particular hay que anotar otra notable superioridad de 
nuestro Código Civil sobre el de Napoleón. Este último, ora por- 
que comprendiera é interpretara erróneamente, y contraviniera 
equivocadamente el sentido de la doctrina estatutaria ? que nunca 
1 Véase sobre el particular el luminoso estudio de Alexandre Alvarez en su notable libro 
Le Droit International Americain, páginas 2841 y siguientes. A 
2 Freitas. Proyecto de Código Civil para el Brasil. 
