170 ENRIQUE MONTORO Y SALADRIGAS 
vas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición, ó ca- 
pacidad legal de la persona, obligan á los españoles aunque residan 
en país extranjero.” En este precepto, nuestro Código no supo ex- 
y claridad debidas el principio de que la 
ley nacional relativa al estado y á la capacidad, siguen á la perso- 
na adondequiera que se traslade, y acaso porque el Código Francés 
presar con la precisión 
le presentaba una fórmula con que expresar ese pensamiento, re- 
pitió casi literalmente el artículo 3 de aquel, aunque hay que reco- 
nocer en favor del Código Civil Español que al copiar el Código 
Napoleón le agregó algo importante; pues mientras aquél no habla 
más que “del estado y capacidad de la perscna””, el nuestro, com- 
pletando más el concepto, se refiere también á los derechos y debe- 
res de familia, concordando en este punto con el artículo 6 del Có- 
digo Civil Italiano. “El silencio del Código respecto de qué ley ha 
de regir los derechos y deberes de familia, el estado, condición y ca- 
pacidad legal de los extranjeros que residan en España, ¿significa- 
rá acaso que nuestro tribunales están en absoluta libertad por lo 
que hace ya la ley aplicable en cada caso sin que nada deba obli-. 
garles á respetar el estatuto personal de los extranjeros ?”*—se pre- 
gunta el ilustre civilista D. Mario Navarro Amandi. 1—**Si bien 
el artículo 9 del Código—dice á su vez D. Augusto Comas ? llaman- 
do también la atención sobre esta omisión del Código—se ocupa de 
lo que obliga á los españoles aunque residan en país extranjero, 
nada dice sobre lo que obliga al extranjero cuando esté domiciliado 
ó tenga su residencia en España, ó haya de ejercitar algún derecho 
ante las autoridades españolas. ?” 
¿Cuál será, pues, la situación jurídica del extranjero según el 
artículo 9 del Código Civil? ¿Será su ley nacional ó bien la legis- 
lación española la que deberá regir sus derechos y deberes de fa- 
milia, su estado, condición y capacidad legal? Navarro Amandi, 
fundándose en las consideraciones de comentaristas tan ilustres 
como Merlin, Laurent y Verdugo, referentes al artículo 3 del Có- 
digo francés idéntico al nuestro, afirma con incontestable razón, 
que desde el momento que el legislador español quiere que el ciu- 
dadano español lleve su ley personal á todas partes, no puede opo- 
nerse á que los extranjeros residentes en España tengan idéntica 
pretensión. En efecto, así hay que admitirlo, no sólo porque tal es el 
1 Ob. cit. tomo 1, pág. 32. 
2 La Revisión del Código Civil Español, Madrid 1895, vol. 1, pág. 288, 
