174 ENRIQUE MONTORO Y SALADRIGAS 
lidad de las leyes en lo relativo á los bienes inmuebles que indis- 
pensablemente deben someterse á la ley territorial, á la lex loci. 
Sostiene Laurent, como hemos dicho, que los bienes inmuebles de- 
ben someterse á la ley personal, pero ““necesítanse sin duda sus ex- 
cepcionales condiciones de polemista para afirmar y discutir seme- 
jante tesis. Lio débil de su teoría no se disimula ni se oculta á pesar 
de sus esfuerzos extraordinarios””. 
En efecto; si la soberanía es indivisible y completa, debe exten- 
der su autoridad exclusiva á todo su territorio sobre el que ejerce 
el dominio eminente y supremo, y es lógico é indispensable admitir 
que el imperio y la autoridad de la ley territorial debe ser exclusi- 
va, considerada en relación con los bienes inmuebles. Por formar, 
pues, parte del territorio, ó estar á él íntimamente unido, se some- 
ten aquéllos en todas las legislaciones á la ley territorial, pues de 
otra suerte, como ha dicho elocuentemente el Tribunal Supremo 
Español en Sentencia del 23 de Octubre de 1873, “fácil sería á 
una nación lastimar á otra en un derecho tan alto y sagrado como 
es el del dominio que todo soberano ejerce de un modo absoluto so- 
bre su territorio?”. 
““Parece desde luego—dice el ilustre Asser l—que la aplicación 
de la ley territorial bajo ningún aspecto merece estar más asegura- 
da que en lo relativo á los inmuebles, los cuales son fracciones del 
territorio ó están unidos á él por manera definitiva... De aquí la 
unanimidad con que autores y legislaciones proclaman la soberanía 
de la ley de la situación en punto á inmuebles. ?” 
El concepto político del Estado y las exigencias de orden eco- 
nómico á que indispensablemente tienen que obedecer todas las re- 
laciones jurídicas, imponen la autoridad de la lex loci respecto de 
los bienes inmuebles, no sólo porque lo contrario sería mermar y 
desconocer los más esenciales atributos de la soberanía, que provee 
mediante el derecho público á la constitución y existencia del Es- 
tado, á la organización y ejercicio de los poderes públicos y al man- 
tenimiento de las bases fundamentales en que descansa, sino por- 
que ello interesa en alto grado á la prosperidad y constitución eco- 
nómica de la nación. Así lo reconoce el propio Laurent, que cuan- 
do desciende á los detalles y aplica la vida real en materias de bie- 
nes inmuebles, lo que él llama **derechos sociales”? aplica y acepta 
la territorialidad de la ley que regula los inmuebles. 
El argumento es, pues, incontestable. “Los inmuebles constitu- 
1 Ob. cit. pág, 112. 
