176 ENRIQUE MONTORO Y SALADRIGAS 
derechos sobre los inmuebles, declarando que respecto de los refe- 
ridos derechos no es posible imponer al extranjero las leyes terrl- 
toriales, sino reconocer y aplicar su ley nacional, “aun en lo con- 
cerniente á los derechos que se deriven del estado personal de las 
relaciones de familia, de la sucesión, de la donación relativa á los 
inmuebles, con tal que este reconocimiento de la ley extranjera en 
el territorio del Estado no derogue las leyes de orden público ni 
el derecho público vigente””. 1 En efecto, cuando, aun tratándose 
de los bienes inmuebles regula la ley un interés privado, y reconoce 
un derecho civil, es que se propone la utilidad de la persona, ““sir- 
ve al bienestar y á la utilidad del hombre como fin esencial de sus 
preceptos”? (Weiss), y por tanto, es una ley tan rigurosamente per- 
sonal como lo es la que se refiere al estado y capacidad de las per- 
sonas y á los derechos y deberes de familia; tanto una como otra, 
son leyes personales en el sentido de que ambas proceden más ó me- 
nos de la persona y se refieren á ella (Laurent), y como todas las 
leyes que regulan intereses meramente privados han de considerar- 
se como leyes ó estatutos personales y tienen eficacia y aplicación 
en todas partes. Desde el momento en que se acepta que las leyes re- 
ferentes á los derechos sobre los inmuebles, tienen el carácter de 
personales, como necesariamente hay que admitir, es menester ad- 
mitir también que dichas leyes no se aplican ni pueden aplicarse 
sino á las personas para las cuales se han hecho, y como todo de- 
recho “civil y privado”” (es el tecnicismo de Mancini) acompaña el 
individuo fuera de su patria y le sigue de continuo, sea cual fuere 
el lugar á que se traslade, y para todos sus bienes, cualquiera que 
sea el lugar en que se encuentre. Así dispone el artículo 6 del Có- 
digo Civil Italiano—inspirado en esta materia, en las ideas de 
Mancini—que la “capacidad para adquirir, enajenar ó transmitir 
los derechos sobre los inmuebles se rigen por la ley nacional del 
extranjero?”; y el artículo 9 del mismo Código dispone que los de- 
rechos que se deriven de un contrato se rigen **por la ley que en 
un principio ha dado forma al mismo (que puede ser la nacional ó 
cualquiera ley extranjera, según la libre voluntad de los contra- 
tantes. ; ” 
Pues iguales principios que los del artículo 9 del Código Italia- 
no rigen en nuestro derecho positivo; y esto es así, en primer lugar, 
porque es principio fundamental de Derecho Internacional Priva- 
do, que en materia de contratos entre nacionales y extranjeros es 
1 Fiore, ob. cit. volumen 1, pág, 157, 
