182 ENRIQUE MONTORO Y SALADRIGAS 
En definitiva; la doctrina que estamos exponiendo respecto de 
la ley que debe regir á los muebles é inmuebles (Savigny, Wachter, 
Wharton y Westlake), puede resumirse en estos términos: el le- 
gislador no debe tener en cuenta sino las cosas que están en el terri- 
torio y todas ellas, lo mismo las muebles que las inmuebles, deben 
regirse por la lex rei sitae, sin más excepción que la de las cosas des- 
tinadas á cambiar de sitio incesantemente respecto de las cuales, 
por no poderse determinar dónde estaba la cosa en el momento del 
acto Ó cuando aquella estuviese en movimiento, en tal instante, no 
es posible aplicar la ley de la situación, debiendo aceptarse para 
ellas la ley del domicilio del propietario ó la ley del punto de desti- 
no cuando se trate de cosas que estén en viaje. 
Hemos visto que, respecto de la capacidad y á los derechos pri- 
vados de los ciudadanos en relación con su propiedad inmueble, no 
rige la lex rei sitae, sino la ley personal del extranjero. “Ninguna 
soberanía puede consentir que las servidumbres prediales estable- 
cidas en beneficio de las heredades ó por razón de su situación, ó en 
interés de la propiedad inmueble sean regidas por una ley extranje- 
ra. Tampoco podrá concederse que la hipoteca sobre los bienes exis- 
tentes en el territorio sea eficaz sin observar las disposiciones del 
derecho territorial relativas á la publicidad y á la inscripción. * En 
cambio, esa soberanía no tendrá interés alguno en someter á los ex- 
tranjeros á sus leyes para que puedan disfrutar y ejercitar sus de- 
rechos sobre los inmuebles que fuesen la consecuencia de las rela- 
ciones de familia; no tendría interés en regular la administración 
de los inmuebles en caso de tutela ó curatela de los extranjeros, ni 
lo tendría tampoco en que se decidiese con arreglo á la ley territo- 
rial si el padre extranjero debía ó no tener el usufructo legal ó si 
el menor había ó no de tener hipoteca legal sobre los bienes del au- 
tor, ete. ete. 2 De lo dicho se sigue que para decidir si una ley dada 
puede ó no tener autoridad territorial ó extraterritorial para regu- 
lar los derechos sobre las cosas, no basta indagar si el objeto princi- 
pal ó inmediato de la disposición es la persona ó la cosa, á fin de de- 
ducir de aquí si ha de prevalecer la ley personal ó la territorial, 
1 Porque esas disposiciones son, eminentemente, leyes de «orden público internacional», 
no sólo por motivos jurídicos claramente discernibles, sino por altas consideraciones económi- 
cas y políticas. El interés social reclama en efecto la publicidad y la inscripción para conce- 
der validez y eficacia respecto de terceros, á las hipotecas sobre inmuebles. 
2 Vése pues corroborada, por el gran tratadista italiano, la doctrina á que antes nos refe- 
rimos, según la cual siempre que la ley relativa á los inmuebles tenga que ver con la capacidad 
legal Óó con los derechos y relaciones de familia, rige respecto á aquéllos la ley personal del ex- 
tranjero. 
