100 RICARDO rodríguez Y MARTÍNEZ 



más la función no se altera aunque el funcionario ba^-a desapareci- 

 do, pues aquélla no depende de éste, sino de la ley que la creó. 



Los que afirman la teoría del mandato, dicen que la función pú- 

 blica es una delegación de la soberanía, siendo el origen de la tal 

 delegación la elección, la cual constituye el mandato. 



Por tanto, resulta que la función se ejerce por un mandato: el 

 electivo. Mas esta teoría hay que rechazarla, porque el elector 

 no puede realizar por sí lo que el funcionario realiza, y como preci- 

 samente eu el contrato de mandato no hay más que una sola per- 

 sonalidad jurídica, la del mandante, resulta que no es posible acep- 

 tar la teoría del mandato electivo. 



Además, en muchas legislaciones coino en la alemana, por ejem- 

 plo, no puede ser revocado arbitrariamente el funcionario, sino me- 

 diante procedimientos especiales, y claro es, que si esto es así, te- 

 nemos que se falta ó que no se cumple una cualidad del contrato 

 que faculta al mandante para revocar el poder. 



La otra teoría es la del arrendamiento de obras ó de servicios, 

 que tuvo su origen en las monarquías de carácter patrimonial. 



«El Estado — dice Prinker, — se presenta como fisco cuando rea- 

 liza actos jurídicos con la mediación de sus funcionarios. Esta 

 doctrina se aplica á los funcionarios. El funcionario realiza con el 

 Estado el contrato de arrendamiento de servicios. Mas esta teoría 

 cede por su base desde el momento que no puede ser aplicada á los 

 funcionarios de autoridad y además resultaría perjudicial para el 

 interés público, porque se observarían las normas que rigen los in- 

 tereses particulares, y habría entonces que reconocer al funcio- 

 nario el derecho de levantarse en huelga, derecho que, dicho sea de 

 paso, parece que hubo de concederse aquí cuando la desastrosa 

 huelga de empleados nocturnos de la Secretaría de Obras Públicas 

 pertenecientes al ramo de limpieza de calles. 



Estas son, en líneas generales, las teorías del Derecho Privado 

 General, que se aplican para determinar la relación entre el fun- 

 cionario y el Estado; frente á ellas se colocan las teorías que deri- 

 van del Derecho Público, las cuales, en opinión del notable trata- 

 dista Kammerer, conducen al mismo resultado práctico. 



Entre éstas tenemos eu primer lugar la llamada de la «coac- 

 ción legal, ó constreñimiento al servicio del Estado, ó sea, la que 

 entiende que éste no puede subsistir sin la utilización desús miem- 

 bros, y en tal virtud el ciudadano tiene la obligación de prestar su 

 concurso de grado ó por fuerza cuando sus servicios fueren recia- 



