ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 101 



mados por aquél ». Esta teoría, expuesta por autores antiguos, fué 

 sostenida en 1788 por Malacord, que admitió en principio la obli- 

 gación de prestar servicios, pero debiendo aplicarse en casos excep- 

 cionales. 



Otro autor, Seuíiter, hace consideraciones sobre la misma acep- 

 tando el principio de prestar servicios, en absoluto, cuando sea re- 

 querido para ello. 



Y decía: « Cualquiera que haya nacido dentro del lÉstado y ten- 

 ga la intención de pertenecer á él, acepta tácitamente, en cambio 

 de las ventajas que obtiene por su participación en la sociedad, la 

 obligación de servir al Estado, es decir, á concurrir con todas sus 

 fuerzas particulares, al fin último del Estado. 



Mas, fué en 1808 cuando Gonner fijó definitivamente la teoría 

 de la coacción legal. Adquirió numerosos partidarios; mas en la 

 actualidad ha sido totalmente abandonada. 



Parte del principio ya expuesto y prescinde de toda idea con- 

 tractual; hacerse funcionario es obedecer una orden. 



Tiene gran superioridad sobre la teoría de Seuíiter, que admite 

 el consentimiento, cosa absurda, pues uo se explica, qué clase 

 de consentimiento es el que presta el funcionario. Si lo aceptamos, 

 sería lo mismo que admitir que « una persona á quien un ladrón le 

 pide la bolsa ó la vida, al dar su bolsa, consienta y realice un acto 

 contractual con el asaltante». 



Esta teoría no puede admitirse; hija de la Revolución Francesa 

 y basada en las doctrinas de Rousseau, tenía algo de ideal y de fic- 

 ticio, dado que fué creada en aquellos tiempos en que los grandes 

 autores franceses de 1789, partían de las doctrinas del filósofo gi- 

 nebrino. Al caer éstas, cayó la teoría de la coacción legal. 



Pasemos al examen y exposición de las demás teorías. 



La relación legal de la función se crea, como toda relación pú- 

 blica en un Estado, por un acto unilateral del poder público, en opi- 

 nión de Zacchariae. Tal es el nombramiento, que no necesita acep- 

 tación, la cual, en sentir de algunos, sirve para asegurar la ejecu. 

 ción del empleo, pues si no se acepta, quedaría sin efecto el tal 

 nombramiento. Ahora bien, el consentimiento de dos personas no 

 basta para constituir contratos: el matrimonio, la naturalización, 

 etc., son pruebas de ello. «La función pública no se explica sino 

 en interés del Estado ». 



Opinan algunos que el régimen creado por el nombramiento es le- 

 gal unilateral, y que el nombramiento es una concesión que hace el 



