120 RICARDO rodríguez Y MARTIN E:¿ 



ponden en primera instancia á las Cámaras disciplinarias y en la 

 segunda al Tribunal Disciplinario de Leipzig. 



La Cámara disciplinaria se compone de siete miembros elegidos 

 por el Bunderasth y nombrados por el Emperador entre los funcio- 

 narios del Imperio y de los Estados. El Presidente y tres vocales 

 deben ser funcionarios del orden judicial. 



El Tribunal disciplinario, que como hemos dicho se encuentia 

 en Leipzig, junto al Tribunal Superior, resulta de apelación. Está 

 compuesto de once miembros: cinco por lo menos, deben ser funcio- 

 narios judiciales y cuatro designados entre los delegados que for- 

 man el Consejo Federal, ó Bundesrath. 



El procedimiento es riguroso en extremo y consta de dos perío. 

 dos: la autoridad por cuya iniciativa comienza el procedimiento 

 designa un funcionario para que realice la instrucción y á otro para 

 que haga las veces de Ministerio Fiscal. Después se abre la Cáma- 

 ra á juicio oral y público, dándose lectura á lo actuado; se oye al 

 acusado, á los testigos, se da cuenta con las pruebas y hacen uso de 

 la palabra primero, el Ministerio Fiscal y luego el defensor. 



El tribunal dicta sentencia según su apreciación, independiente 

 del resultado de la prueba. 



Con esta medida admirable el funcionario resulta penado equi- 

 tativamente, no por el superior, sino por sus mismos compañeros y 

 por personas de honorabilidad reconocida. 



He ahí una ingeniosa manera de impedir los abusos de los supe- 

 riores del Gobierno, asegurando al funcionario que cumpla con sus 

 deberes la estabilidad, tan necesaria para la buena marcha de la 

 Administración, como dejamos demostrado. 



Declaraos al principio que el Estado debe señalar al funcionario 

 ciertos derechos, pero que realmente ellos no eran tales, pues como 

 dice Govín, no son en realidad ventajas de alcance puramente per- 

 sonal. ({ Son condiciones que dependen de la naturaleza y fines de 

 la función; medios para asegurar el buen desempeño de la misma. 

 No se trata, pues, del interés del funcionario, sino del inteiés pú- 

 blico. Y tanto es así, que la Ley puede rebajar el sueldo ó supri- 

 mir el empleo». 



El funcionario tiene derecho á que el Estado le preste su apoyo 

 y protección por los actos legales que realice en el cumplimiento de 

 su deber. Y esto es claro, puesto que no de otro modo puede un 



