l22 RICARDO RODRÍGUEZ Y MARTÍNEZ 



pagar á los familiares del fanciouario fallecido dos ó más mensua- 

 lidades íntegras. 



La estabilidad en el empleo es otro de los derechos del funcio- 

 nario. Solamente los funcionarios político-administrativos podrán 

 ser removidos libremente, dado que ellos son nombrados por la po- 

 lítica y según sus orientaciones. Pero esos cargos deben estar se- 

 ñalados en la Ley. 



El empleado no debe quedar cesante sino por los casos que se pre- 

 vean, aplicando el estricto procedimiento ale>nán; además se asegura 

 la estabilidad, sean cuales fueren sus opiniones políticas ó religio- 

 sas, sean cuales fueren sus actos; siempre que no quebranten la 

 Ley, no correrá peligro alguno en cuanto á la estabilidad en su 

 empleo. 



No basta, como ya dijimos, otorgar esos derechos al funcionario; 

 es preciso darle medios fáciles para hacerlos valer de acuerdo con 

 lo que hemos expuesto, dado que esos derechos son más bien venta- 

 jas para la administración que para el funcionario. 



Y vamos á tratar de una cuestión importantísima, que está so- 

 bre el tapete en algunas naciones y que es un problema que viene 

 discutiéndose desde hace algún tiempo: nos referimos á si debe 

 otorgarse al funcionario el derecho á agruparse en sindicatos, y el 

 derecho á la huelga contra las arbitrariedades del gobierno. 



Muchas han sido las discusiones sobre la materia, llegándose á 

 lograr que algunas legislaciones reconocieran el derecho á los sindi- 

 catos á gran parte de funcionarios. 



El profesor Maxim Leroy, autor de una obra titulada Les Trans- 

 formations de la Puissanee Publique, Les Sindicáis de Fondionnaires, abo- 

 ga en definitiva por que se otorgue á los funcionarios, no solamente 

 el derecho á agruparse en sindicatos, sino también el derecho á que 

 nos hemos referido. Porque entiende que los funcionarios y em- 

 pleados tienen un derecho, lo mismo que los funcionarios pri- 

 vados. 



Nosotros nos permitimos disentir de la opinión del autor en 

 cuestión, no ya porque dejamos demostrado que la función pública 

 no es un contrato como el de arrendamiento, sino porque el tal de- 

 recho conduciría á las más desastrosas consecuencias. Va contra 

 el interés público, porque la paralización de los servicios como cau- 

 sa de ese derecho, sería de fatales consecuencias paia la vida del 

 Estado; sería un arma que se pondría en manos del funcio- 



