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ria de esta controversia debe consultarse 3 Political Science Quar- 

 terly 454; o Am. Lawyer 169. 



Con todo, el privilegio al mandamiento se encuentra necesaria- 

 mente suspendido siempre que se declara en vigencia la ley marcial; 

 porque la ley marcial suspende todo procedimiento civil. Por lo 

 tanto, un prisionero de guerra, ó el individuo bajo arresto militar 

 en virtud de la ley marcial, no puede apelar al mandamiento de 

 Rabeas corpns; 1 Bish, Cr. L. par. 63; como tampoco puede hacerlo 

 un prisionero en servicio militar ó naval cuyo delito puede jurídi- 

 camente examinarse ante un consejo de guerra, 158 U. S. 109. 



El Congreso, por una ley de Marzo 3, 1863, 12 Stat. L. 755, 

 autorizó al presidente para suspender el privilegio al mandamiento 

 en toda la extensión ó en cualquiera parte de los Estados Unidos, 

 siempre que á su juicio la seguridad pública así lo requiriese du- 

 rante la rebelión. En virtud de las disposiciones de esta ley hubo 

 una suspensión parcial, pero se resolvió que la suspensión del pri- 

 vilegio al mandamiento no suspende el mandamiento mismo. El 

 mandamiento se expide como de ordinario; y al darse el informe el 

 tribunal decide si al recurrente se le ha de negar el derecho de pro- 

 seguir con él; 4 Wall, 115, Tampoco legaliza la suspensión del 

 mandamiento un arresto ó apresamiento ilegales; priva 4 la persona 

 así arrestada de los medios de procurar su libertad, pero no exime 

 á la persona que hace la aprehensión ilegal de responsabilidad por 

 daños y perjuicios, ni de sufrir un proceso criminal; 21 Ind, 472; 

 contra, 1 pacific L, Mag. 360; 1 Bishop, jSTew Crim, L, par. 64, 



El poder jamás ha sido ejercido por las Legislaturas de cual- 

 quiera de los Esta<los, con excepción de la de Massachusetts, que con 

 motivo de la <f Rebelión de Shay» suspendió el privilegio al manda- 

 miento desde Noviembre de 1786 hasta Julio de 1787. En los Es- 

 tados Confederados, el privilegio fué suspendido durante la guerra 

 de rebelión; 2 Winston 143; 27 Tex, 705, 



El Congreso ha declarado la jurisdicción de las Cortes federales 

 en cuanto al mandamiento; pero, no habiendo particularmente pres- 

 crito el procedimiento que debe seguirse, han adoptado en sustan- 

 cia en tal respecto las costumbres que tienen fuerza de ley. 



En la mayor parte de los Estados se han dado leyes, que no sólo 

 establecen los tribunales ó autoridades que pueden expedir manda- 

 mientos, sino, que en gran parte, reglamentan la manera de proce- 

 derse en virtud de tales mandamientos; con todo, en todos ellos el 

 procedimiento conserva su antigua característica y valor, de una 



