36 JOSÉ A. GONZÁLEZ LANUZA 



tidiaua existencia. Y lie creído que llamar la atención sobre lo 

 uno y lo otro, aprovechando la oportunidad presente, puede ser de 

 alguna utilidad, j'a para la futura reforma de esos ^preceptos, ya pa- 

 ra su recta aplicación en el presente, basada en una inteligencia 

 mejor de su sentido, de un lado por los Tribunales, de otro por las 

 autoridades administrativas. 



Lo primero que me parece que pasa inadvertido es que la Orden 

 Militar en cuestión introdujo en la materia una modificación sus- 

 tancial, gi-ande, profunda, de concepto, ya en la apreciación de la 

 delincuencia infantil, ya en el juicio que debemos formarnos de las 

 medidas que han de adoptarse contra el niño delincuente, ó, para 

 hablar con más propiedad, en vista del delito cometido por el niño. 

 Para comprender qué cambio tan grande ha sufrido en la materia 

 nuestro derecho positivo, qué abismo tan hondo se ha abierto entre 

 el viejo y el nuevo sistema, demos ante todo una ojeada á los pre- 

 ceptos del Código Penal al asunto relativos. 



El inciso 2? de su artículo 89 declaraba que el menor de nueve 

 años era siempre irresponsable; y el inciso 3?, por su parte, decla- 

 raba irresponsable al maj'or de nueve años y menor de quince que no 

 hubiera obrado con discernimiento. Cuando en virtud de una abso- 

 lución, recaída en causa contra un menor de los antes indicados, se 

 había declarado que aquel menor (parausar el téi'mino, muj- signifi- 

 cativo, inicial de dicho artículo 89) no había delinquido, dicho menor 

 se entregaba siempre « á su familia », con el mero encargo de vigilarlo 

 y educarlo, y sin exigir siquiera á esta familia la « fianza de custo- 

 dia» que se pedía en determinados casos de delitos cometidos por 

 imbéciles ó locos. ISTo importa al Código quiénes constitu3'an esta 

 familia; no hace al caso tampoco la clase, importancia y naturaleza 

 del delito que el menor pudiera haber cometido. Sólo « á falta de 

 persona que se encargase de su vigilancia y educación», podía el 

 Tribunal remitirlo á un establecimiento de Beneficencia destinado 

 á huérfanos y desamparados, en el que estaría junto con éstos, na- 

 turalmente, y sometido al propio régimen y al mismo trato. 



Cuando' el menor de quince años, ma3'Or de nueve, había obrado 

 con discernimiento, ¿qué se hacía con él? Aplicándole los preceptos 

 contenidos en el artículo 84 del Código, el Tribunal le impondría 

 una pena discrecional; pero siempre inferior en dos grados á la que 



