ESTABLECBIIENTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA 71 



sólo para atenuar el rigor de la disposición, confundiéndose de un 

 modo lastimoso los intereses pedagógicos con los intereses políti- 

 cos, que eran los que importaban. 



Si se quiere tener una idea precisa de la manera como el Go- 

 bierno de la Isla asumía las funciones más distintas para en reali- 

 dad hacer el uso que mejor le conviniera, con el fin de mantener su 

 tutela y prevenir el menor suceso que la comprometiera, léase 

 con cuidado el artículo 187 del Plan de Estudios de 1842. 



Entre las atribuciones del Vice-Real Protector estaba: 



«Vigilar la conducta del Rector de la Universidad, del Director 

 del Colegio, de los Catedráticos de ambos establecimientos y de to- 

 dos los empleados en la instrucción pública ó privada.» 



Bastaba este monstruoso privilegio para comprender que más 

 que pedagógicas eran atribuciones de policía, inspiradas en el rece- 

 lo y encaminadas á la persecución política de maestros y catedrá- 

 ticos. 



Porque aun cuando aquellas funciones correspondían al Vice-Real 

 Protector, el artículo 188, para auxiliar al Capitán General de la 

 Isla de Cuba y regularizar el importante ramo de enseñanza, estable- 

 cía en la Habana una Inspección de Estudios. 



No puede pasarse por alto la composición interna de este orga- 

 nismo en un documento de condición histórica, llamado á dar una 

 idea de la marcha de la Segunda Enseñanza. 



El Vice-Real Protector podía delegar sus funciones en el Regen- 

 te de la Audiencia, circunstancia en verdad muy propicia para vigi- 

 lar debidamente la conducta del Rector de la Universidad y de 

 todos los maestros de la isla, públicos y privados. 



Entre las atribuciones de la Inspección estaba: suspender ó re- 

 mover, previo expediente, á los jefes de establecimientos privados 

 que por su conducta no merecieran continuar en la enseñanza. 



Al implantarse el Plan de 1868, habían cambiado un tanto los 

 tiempos y el rigor de la Administración debió atenuarse, por lo me- 

 nos, en la forma; pero este cambio era simplemente aparente. 



Para comprenderlo así, basta considerar que el artículo 192 del 

 Reglamento de los Institutos exigía á los Directores una fianza de 

 750 pesos, si el colegio era de V^ clase y de 375 pesos si de 2?" 



Al sobrevenir la llamada reforma de Aráiztegui en el sangriento 

 período que todos conocen, señalóse á la Universidad como foco de 

 laborantismo y de insurrección, y dando por probado que muchos 

 de los pi'of esores de estos Institutos « traidoramente habían burlado 



