:W6 WANUEL VALDES RODRÍGUEZ 



ciones previstas, con más ó menos oportunidad para su prohibición) 

 ó un debe y un haber que se mantiene constantemente á la vista 

 del educando; un número de restricciones que limitan su actividad, 

 ó un Código, en donde á distintos actos va correspondiendo una 

 pena ó un premio, que constituyen una escala graduada de mérito ó 

 castigo. 



Podría imaginarse así, que queda á la voluntad y discreción del 

 alumno, elegir lo que mejor le plazca, pudieudo darse el gusto, au- 

 torizado por la propia ley, para optar por un grado de la pena á 

 cambio de una falta que le viene en gana cometer. 



Hecha abstracción del espíritu de escuela, al fin y al cabo, las 

 instituciones deben crear uu medio ambiente que las proteja para 

 vivir en él; un estado de conciencia y una condición moral que esté 

 por encima de las voluntades; una opiuión pública que si^ sobre- 

 ponga al desgaste ó á la influencia corrosiva de actos que favorez. 

 can á la actividad de un asociado, con daño de la finalidad que es 

 propia de la institución. 



Lo que importa, en definitiva, es que los Reglamentos no cons- 

 tituyan una letra muerta, que se apliquen con sinceridad y que no 

 den ocasión á que la verdad real de los hechos y de las cosas se 

 consideren divorciadas de la verdad que ostentan los documentos 

 oficiales. 



Veamos ahora la serie de medidas adoptadas por los distintos 

 Planes de Estudios con relación al orden de los Establecimientos 

 de la Segunda Enseñanza en Cuba. 



El capitulo 3? del Plan del 42, determinaba las penas discipli- 

 narias en los siguientes artículos: 



182. — Los estudiantes no gozarán de fuero activo ni pasivo en 

 los contratos y delitos sujetos al fuero común. El Rector, sin em- 

 bargo, podrá detenerlos preventivamente cuando los delitos fuesen 

 cometidos dentro del Establecimiento, instruir el sumario y pasarlo 

 con el reo al Juez competente dentro de veinticuatro horas. 



183. — Las faltas graves de respeto á los Catedráticos, al Claus- 

 tro ó al Rector, podrá castigarlas éste, oido el dictamen de la Junta 

 de Disciplina, con una corrección pública, con el arresto ó deten- 

 ción que no podrá exceder de cuatro días, con la anulación de una 

 ó dos matrículas, con la exclusión temporal ó perpetua de la Uni- 

 versidad, y finalmente con la prohibición de continuar la carrera 

 en las demás de la Península. Estas tres últimas penas no podrá 

 decretarlas sino el Claustro General, oido el dictamen de la Junta 



