242 Revista de la Facultad de Letras y Ciencias. 



integridad del territorio y la necesidad del absolutismo político. 

 No era un Gobierno propio desenvolviendo una política nacional 

 y una administración encaminada al bienestar de los conciudada- 

 nos ; era un gobierno extranjero, prevenido por su origen, desarro- 

 llando su actividad administrativa dentro de límites recortados 

 por el interés de la Metrópoli, más que por los intereses de los 

 administrados. El Jefe de la colonia era un militar, apoyado en 

 la fuerza pública: la administración de justicia recibía su inves- 

 tidura de la Corona. 



Es cierto que las conquistas del derecho público español en ma- 

 teria constitucional se reflejaron en Cuba, después de su guerra 

 de los diez años; pero los rasgos salientes del sistema no variaron 

 y de ahí, que todo el régimen administrativo de las libertades 

 públicas descansara sobre una preferencia evidente por las reglas 

 preventivas, que hacían depender el ejercicio de esas libertades, 

 de una apreciación previa de la autoridad gubernativa. 



Nuestra Constitución marcó el comienzo de una nueva etapa. 

 La lucha armada que en 1895 surgía con ánimo decidido de destruir 

 aquel antiguo estado de cosas y que se extremaba para conseguir 

 la ruptura de los lazos coloniales, tuvo su complemento en la obra 

 revolucionria de la Constitución de 1901. Revolucionaría, sí, por- 

 que acabó con los principios en que descansaba el antiguo régi- 

 men y dio a la incipiente nacionalidad una organización de Esta- 

 do, con las garantías individuales que debían ser reconocidas bajo 

 su imperio y la descentralización administrativa de Provincias y 

 Municipios. 



Hasta ese momento, el Cubano había tenido el derecho público 

 que había querido otorgarle su Metrópoli, desde un Congreso que 

 funcionaba en suelo extranjero y por medio de gobernantes, tam- 

 bién extranjeros, o que se inspiraban en los dictados del Ministro 

 colonial. Desde el año 1901 el cubano iba a tener su gobierno pro- 

 pio, las altas funciones políticas ejercidas por sus conciudadanos, 

 los servicios administrativos cumplidos por nacionales; la justi- 

 cia, en fin administrada por los nativos, sin más divisa que el res- 

 peto a la Constitución y a las leyes. ¡ Qué gran transformación 

 para el país, cuántas responsabilidades para los que, de colonos, 

 aún asimilados a los subditos del Reino, iban a ser ciudadanos de 

 un nuevo Estado, en condiciones para ser lo mismo, gobernantes 

 que gobernados! 



El derecho público, poco cultivado en aquel antiguo régimen,. 



