244 Revista de la Facultad de Letras y Ciencias. 



preceptos reguladores de la marcha y funcionamiento de esas dos 

 direcciones fundamentales del poder público, admitidas por la 

 Constitución, y, por último las leyes orgánicas de las Provincias 

 y de los Municipios, desarrollando el programa de descentraliza- 

 actuación, no solo con la reforma del procedimiento fimdamental 

 ción que el régimen constitucional había creado, rompiendo los 

 antiguos moldes, son, aparte de otros trabajos menos importan- 

 tes de la Comisión Consultiva, la demostración evidente de ese 

 esfuerzo realizado, que dotó a nuestra República de una legis- 

 lación que no tenía, y que era, sin embargo, necesaria. 



Mas ahí, se detuvo la obra reformadora, o de adaptación al 

 nuevo régimen. Los organismos se constituyeron con el nuevo 

 sello,y tanto en el Estado, como en las Provincias y Municipios 

 observamos que la denominación y composición de los que ejer- 

 cen el poder o realizan la función administrativa responden al 

 plan previsto por la Constituí ción. Es más, se fijan sus atribu- 

 noices, los límites de su actuación, el alcance de sus facultades: 

 pero no se han introducido las modificaciones que esa organiza- 

 ción y más complejas necesidades imponen en el vasto campo de 

 los servicios públicos. 



Si anotamos un paso de avance en materia de organización 

 administrativa, observamos un completo estancamiento en la for- 

 ma de realización de los servicios. Toda la legislación del pasado, 

 con escasas excepciones, se conserva sustancialmente intacta, sin 

 haberse tratado de revisar para ponerla en consonancia con las 

 exigencias del nuevo ambiente, necesitándose, unas veces, que 

 controversias privadas hayan planteado y permitido la dero- 

 gación de preceptos de ley, inconstitucionales, como sucedió con el 

 que exigía el permiso previo para la reunión pública ; sorteándose, 

 otras las dificultades del momento, con leyes circunstanciales, sin 

 análisis profundo del problema, como la implantación de la ley 

 de Orden Público Colonial, en períodos de suspensión de garantías 

 constitucionales. 



Démonos cuenta, pues, del estado en que se encuentra el dere- 

 cho público cubano, iniciado con la promulgación de las leyes or- 

 gánicas; viejo, carcomido, necesitado de una revisión seria, en 

 cuanto a la legislación de los servicios administrativos, respecto de 

 los que, si hiciéramos abstracción de los acontecimientos históricos, 

 y acudiésemos solamente a los textos vigentes, por regla general, 

 creeríamos vivir aún, bajo el sistema colonial. 



