840 JUAN M. DIHIGO 



nes en cualquier época si los alumnos acreditaban con certifica- 

 ción de los catedráticos respectivos que habían asistido a sus cla- 

 ses durante el año solar correspondiente, con la única limitación 

 de que los suspensos no podrían presentarse a nuevo examen bas- 

 ta que hubiesen transcurridos dos meses desde el día de la sus- 

 pensión. 



Entre otras muchas disposiciones se encuentra la relativa a 

 los textos que habrían de regir en Cuba, que es la Real Orden de 

 27 de Agosto de 1888, obras que podían adoptar los titulares ya 

 fuesen originales, ya traducidas de otro idioma, siempre que la obra 

 u obras fuese sometida a la aprobación del Rector del Distrito Uni- 

 versitario, quien en caso de disentimiento llevaría consulta al ]\Ii- 

 nisterio de Ultramar por conducto del Gobernador General, dán- 

 dose la enseñanza mientras una resolución recaía, por el texto 

 o conforme al método que hubiese servido en el curso anterior. 

 No se necesita profundizar mucho para comprender el alcance 

 de una medida de suspicacia, pues no era posible que el Rector 

 pudiese hallarse siempre capacitado para juzgar la bondad del 

 texto propuesto para la enseñanza de determinada materia, si es 

 que tal medida no tuviera por móvil el establecer estrecha vigi- 

 lancia en las ideas que quisiesen desenvolverse en materias que 

 se estimasen peligrosas. Sea de ello lo que fuere, el caso es que hu- 

 biera bastado con que en Junta de Facultad, como resulta ahora, 

 se hubiese aprobado el horario de la misma, pues el contenido de 

 esa Real Orden se ha prestado a algunos atropellos indignos co- 

 mo así ha acontecido en la extinguida Facultad de Filosofía y Le- 

 tras con uno de sus catedráticos. 



Y como si no fuesen bastantes las resoluciones tomadas, en 

 múltiples casos, para suponer el deliberado propósito de España 

 de asimilarnos, lo más posible a ella, como si fácil fuera inculcar 

 sentimientos de simpatía y de adhesión hacia quien nada había he- 

 cho por conquistarlos, obsequiónos de nuevo con el desgraciado 

 Real Decreto de 19 Enero de 1892, del funesto Romero Robledo, 

 suprimiendo el Doctorado en todas las Facultades de esta Univer- 

 sidad, pasando los catedráticos de las asignaturas respectivas a 

 ocupar las vacantes existentes en el período de la Licenciatura, 

 haciendo más y más patente el poco aprecio que de este pueblo se 

 tuviera en España, evidenciándose ahincadamente su desconfian- 

 za hacia el mismo, mediante la farsa de querer aumentar los víncu- 

 los de afecto con una medida tan impolítica, que trajo la resolu- 



