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además de advertir que los litigantes no son dados a elegir sus 

 propios jueces, porque pudiendo hacerlo en materia civil con el 

 nombre de arbitros o amigables componedores, raras veces usan de 

 esa facultad, prefiriendo los jueces oficiales, lo que de paso tam- 

 bién dejamos consignado como un argumento en contra del Ju- 

 rado "en materia civil"; y el sistema de elección por los abogados, 

 daría a éstos demasiada influencia sobre los Tribunales y, como 

 dice un escritor ilustre, ^ "todo se convertiría en cuestión de com- 

 "pañerismo, con las amistades y rivalidades pi'opias de los que 

 "ejercen una misma profesión". De todos esos sistemas enumera- 

 dos, el que ofrece menos inconvenientes, ya que no es posible crear 

 el poder Judicial de una manera al^solutamente independiente, es 

 el de nombramiento de los funcionarios judiciales por el Presiden- 

 te de la Kepública, lo que no supone subordinación del Judicial al 

 Ejecutivo, pues el Presidente de la República al hacer esos nom- 

 bramientos no obra como poder Ejecutivo, sino como representan- 

 te del poder "Armónico" o "INIoderador" que se siente, aunque 

 no se consigne expresamente en las Constituciones, en todas las 

 organizaciones modernas de los Estados. Esa facultad del Presi- 

 dente de la Kepiiblica puede ser moderada, como lo ha sido entre 

 nosotros por la ley Orgánica, atribuyendo al propio poder Judi- 

 cial la facultad de elevar las ternas de las personas en las que úni- 

 camente puede recaer el nombramiento, o de otra suerte que a 

 nosotros nos parece aún mejor : exigiendo la oposición como re- 

 quisito previo al nombramiento. 



El otro camino ideado para hacer que la justicia se administre 

 por el pueblo es el Jurado. Y aquí sí que el ejemplo de grandes 

 naciones y el pensamiento de profundos escritores está a favor de 

 la ingerencia del común del pueblo en la administración de la 

 justicia penal. No creo que entre nosotros sea el Jurado un pro- 

 blema de actualidad, pues tal institución no puede ser la obra de 

 un decreto legislativo, sino el desarrollo secular de los elementos 

 étnicos e históricos de los pueblos, ^ y la prueba la tenemos en que 

 establecido entre nosotros por la Orden número 213 de 25 de 

 mayo de 1900, cuyo artículo XLI decía: "Quedan sometidos a la 

 "acción de los Jueces Correccionales, con el Jurado, los delincuen- 

 tes, etc.", fué suprimido por la Orden número 84 de 31 de mar- 

 zo de 1902, de esta sencilla manera: "Artículo II. En el artícu- 



1 Vieente Santamaría de Paredes. — Curso de Derecho Político. 



2 Enrice Ferri. I miovi orizzonti del diritto e della procedura pénale. 



