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Los Gobiernos de la Edad Media y aun de los sig-los subsi- 

 guientes hasta el nuestro, tenían por una de sus principales 

 funciones aquella que se ha Warnado j^olict'a de ahaslos, consis- 



rido hacerse hasta hoy. (Las leyes dictadas no han resultado, porque se es- 

 tudiaron sin tener en cuenta la índole especial de este asunto. De las leyes 

 de canales y pantanos de 1870 y 188? no ha obtenido España ninguna 

 ventaja, los mismos riegos que había á la fecha de la primera, hay hoy, y 

 arruinadas como entonces están las empresas concesionarias.) 



>Y no es porque loe riegos no sean de primera necesidad; «medite usted 

 el porvenir que puede prometerse una nación que con 40.751.000 hectá- 

 reas de superficie, sólo cuenta con 1.200.000 de regadío, y que vive espe- 

 rando los favores del cielo, que le niega hasta el rocíoen extensas comar- 

 cas; piense en cuánta falta de celo significa, en los que tienen á su cargo 

 la administración del país, el estar presenciando con harta frecuencia 

 los horrores causados por las inundaciones en parte de otras provincias, 

 sabiendo que los pantanos, al contener las aguas, convierten un elemento 

 destructor en otro bienhechor, etc. 



> Visto todo esto, que patentiza la inutilidad de las citadas lej^es, cuyo 

 único resultado ha sido, en tantos años, la reconstrucción del pantano de 

 Lorca y el concederse una subvención al canal de Aragón y Cataluña, con 

 la que se salvará, pero debido al hecho de tener una gran parte de obras 

 ejecutadas de antiguo; y visto que los capitales han acudido á los caminos 

 de hierro, y que la especulación , desatendiendo hasta el alimento natural 

 de estas vias, se ha apartado por completo de los canales y pantanos que 

 dehian proporcionárselo, no cabe duda de que existen causas, y causas de 

 verdadera importancia, que así lo motivan. 



> Los canales y pantanos han de construirse y explotarse en España 

 por el Estado, porque, no pueden ser objeto de especulaciones para nin- 

 guna empresa, ni aun con una fuerte subvención que fuera á todas luces 

 ruinosa para el Gobierno, el cual puede muy bien administrarlos, no sólo 

 porque así se ha entendido sin contradicción ninguna hasta estos últi- 

 mos tiempos (ya que en la ley de 1883 se reserva la reversión al Estado 

 al cabo de los noventa y nueve años), sino porque así lo demuestran los 

 hechos (puesto que el canal Imperial de Aragón y el de la derecha del 

 Llobregat no marchan peor seguramente, sino muy al contrario, que los 

 que las empresas administran. . . ) 



> Que al interés particular no puede convenir la construcción y explota- 

 ción de las obras de riego de alguna importancia, es evidente, porque la 

 índole especial de toda mejora agrícola exige largo tiempo para dar resul- 

 tados, que produzcan el rédito compensatorio del capital invertido en 



