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minar la contabilidad general de la Empresa ó especial de cual- 

 quiera de sus establecimientos ó dependencias y labores ó manu- 

 facturas, así como también para asegurarse de la regularidad de 

 la administración. 



Vigésimatercera. Los administradores ó representantes del 

 contratista estarán obligados á facilitar al Delegado y demás agen- 

 tes nombrados por el Gobierno, con arreglo y para los fines de la 

 base anterior, todos los datos, noticias y explicaciones que les pi- 

 dan, debiendo exhibir los libros, facturas y documentos justificati- 

 vos de las operaciones de la empresa. 



Vigésimacuarta. Cada falta de cumplimiento de lo estipulado 

 en las bases anteriores dará derecho al Gobierno para imponer al 

 contratista una multa, cuyo máximun se fija en 20.000 pesetas, 

 sin perjuicio de la reparación ó indemnización que corresponda. 



La multa podrá elevarse de 20 á 1 00.000 pesetas en los siguien- 

 tes casos: 



i.° Si el contratista incurre dos veces en la multa señalada en 

 la base 14. 



2.° Si no lleva bien y al día la contabilidad. 



3.» Si su administración rehusa la exhibición de sus libros 6 

 documentos, ó no justifica la regularidad de sus operaciones. El 

 contratista podrá alzarse por la vía contencioso-administrativa de 

 la resolución del Gobierno respecto á la imposición de multas. 



Vigésimaquinta. En todo tiempo el Gobierno se reserva el 

 derecho de rescindir el contrato sin expresar causa y con arreglo 

 á las siguientes condiciones: 



i.^ El Gobierno se incautará de la renta y se practicará una 

 liquidación general en los términos expresados en la base 16 para 

 la terminación del contrato. 



2,*- Si de la liquidación practicada resultase que el contratista 

 no recobraba su capital íntegro y un 6 por 100 anual por intere- 

 ses del mismo, el Gobierno abonará la diferencia y además el im- 

 porte de una anualidad de intereses. 



3.^ Si resultase que el contratista, no sólo retirara su capital 

 é intereses, sino que había obtenido beneficio, el Gobierno abo- 

 nará la equivalencia de los beneficios probables durante un año, 

 estimados con relación al promedio de los obtenidos en los dos 

 últimos años, y si en éstos no los hubiese habido, con relación 



