442 Alejandro Prieto. 



por lo común, se combinan los intereses de los dueños de tie- 

 rras con los de los hombres de capital y prestamistas. 



¿Cuáles pueden ser las disposiciones oportunas que deben 

 dictarse para dar á la propiedad territorial la estabilidad jurí- 

 dica que le falta, y pueda luego servir de asiento inquebranta- 

 ble á las diversas transacciones sociales adberentes á toda pro- 

 piedad? Llegar á la mejor solución posible de tan importante 

 problema, es el objeto á que van destinadas estas líneas. 



Como muchas veces sucede al tratarse de ciertas cuestio- 

 nes sociales, ya sean de un orden político y administrativo ó 

 bien judicial y contencioso, que por su natui*aleza estén liga- 

 das á las leyes referentes en general á la propiedad, surgen en 

 contradicción administrativa ó en controversia judicial, las pre- 

 tensiones de aquellos que, poseedores ó propietarios de una 

 tierra, traspasan muchas veces á sabiendas, y otras errados de 

 buena fe, el límite á que debieran circunscribir sus actos y 

 tendencias, sin olvidar en ningún caso el debido respeto al de- 

 recho ajeno, que funda y sostiene el concierto en que viven y 

 prosperan las sociedades civilizadas. 



Y en tales cuestiones que enlazan bajo un aspecto públi- 

 co de Gobierno ó de aplicaciones de leyes, al discernir sobre la 

 propiedad privada de muchos, es no solo conveniente, sino ne- 

 cesario, recurrir á los antecedentes históricos del asunto que 

 se ventile; buscar en su origen los primeros fundamentos le- 

 gales en que se asentaron los primeros derechos ; analizar los 

 motivos que dieron margen á la propiedad ó posesión de que se 

 trate; traer á colación los hechos determinados, y detalle de 

 circunstancias en que tuvieron lugar; para que, al esclarecer 

 con ese conjunto de antecedentes, presentado por el mismo 

 orden de los años en que se sucedieron, pueíia ser tratada la 

 actual situación social que se pretende definir, y, de esa ma- 

 nera, proceder con entero conocimiento de causa, con el debi- 

 do acatamiento á la verdad histórica y á los principios univer- 

 sales de justicia, que han de noimar á la vez la conducta de 



