160 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



agua ordenado por el artículo 101 de la ley de riego ó sea la ins- 

 cripción de los propietarios que se consideraban con derecho pre- 

 ferente á su uso, por concesión anterior ú otra causa, y obligatoria 

 en el plazo fijado, por cuanto el artículo 10(3 faculta al poder ejecu- 

 tivo para « mandar quitar el agua » á los que no lo observaran, no 

 tenía otro propósito que afianzar al propietario en su «derecho al 

 aprovechamiento del agua», pero no ya en la forma ambigua y 

 amplia de las concesiones primitivas, sino obedeciendo al propósi- 

 to de buena administración de fijar la magnitud de cada concesión, 

 su carácter y objeto. 



De paso hagamos notar que la práctica establecida y que recién 

 pudo removerse á partir del 1° de enero de 1903, esto es, casi 6 años 

 después de sancionada la ley de riego, que consistía en abonar el 

 impuesto de irrigación á que se refiere el articulo 9° de la ley, 

 por volumen recibido, esto es, por marcos ó por litros soli- 

 citados porcada propietario, era contrario á la ley de la materia, 

 atentatorio á la legislación general sobre aguas déla nación, y con- 

 trario á los antecedentes de la legislación española, que como he- 

 mos hecho notar antes, legislaba para el sistema de riego español, 

 esto es, tomando como base la superficie regada y no un volumen 

 determinado de agua. Y lo original del caso es que, conforme 

 al artículo 9 de la ley, se fijaba anualmente el impuesto de 

 acuerdo con el artículo 8 y por consiguiente con la ley de rie- 

 go y la legislación general, pero en la práctica, ó las autoridades 

 de riego ó el gobierno la desvirtuaban completamente, dando mar- 

 gen á abusos é irregularidades, óá una política de intereses mezqui- 

 nos, respecto á cuyas consecuencias sólo recordaré que en el cálculo 

 de recursos para la administración de los años de 1898 y 1899 se 

 esperaba de la venta de agua 60000 y 80000 pesos respectivamen- 

 te, llegándose á cobrar solamente 28002,82 y 390.j0,06 pesos res- 

 pectivamente, esto es, poco menos del 50 por ciento, repitiéndose lo 

 mismo en 1901, aunque en menor proporción, no obstante rebajar 

 el cálculo de recursos sólo á 40000 pesos : no había base alguna 

 positiva, puesto que el concesionario quedaba libre de solicitar el 

 agua que quisiese, pagar la suma que le cuadraba y usar no obs- 

 tante del agua en forma discrecional. 



El empadronamiento general ó sea la inscripción de los derechos 

 adquiridos por los propietarios al uso del agua, era, pues, no sólo 

 una exigencia primordial de la ley de riego, sino una necesidad 

 imperiosa para fijar una base en qué fundar una equitativa distri- 



