162 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Si al 31 de diciembre de 1901 la administración se hubiera con- 

 cretado á cumplir las disposiciones legales indicadas, fácil es darse 

 cuenta de los trastornos que hubiera producido, no sólo para la 

 agricultura y la ganadería, sino para la administración. Departa- 

 mentos había, como el de Monteros, en que no existía un solo con- 

 cesionario j todos los que usaban el agua lo hacían indebidamente. 

 La administración anterior nada había hecho para evitar semejante 

 situación, y no sospechando que pudiera producirse y traer con ella 

 trastornos de todo género, ni siquiera había iniciado reformas que, 

 en tiempo válido, para no contrariar las disposiciones legales vi- 

 gentes, asegurara la base fundamental de todo el sistema legal de 

 riego implantado en la provincia. 



No puede aducirse que este deficiente empadronamiento fuera 

 una consecuencia de las exigencias impuestas para el mismo. 

 El artículo 1 fija unidades para avaluar la magnitud de las conce- 

 siones ; el número 102, los datos que debe contener la solicitud res- 

 pecto á la ubicación de la propiedad, e! arroyo ó río de que se 

 surte el canal, el nombre de éste, su carácter particular ó comu- 

 nero; el número 103, la identificación precisa del área á regar, y el 

 número 104, la forma de justificar todos estos elementos. La solici- 

 tud se hacía acompañando un sello de 1 pesos, cualquiera que fuera 

 la extensión ó magnitud de la concesión, y al retirar el título que la 

 acreditaba se abonaba un peso por cada unidad empadronada, con- 

 forme al artículo 108 de la misma ley. 



Sucedió, pues, que los mismos acaparadores del agua, formados 

 como lo hemos indicado al principio, se apresuraron á legalizar su 

 situación, siendo digno de notar que ese movimiento se acentuó 

 precisamente donde el riego era más difícil, como sucedía en el 

 departamento de Cruz Alta, donde los propietarios rivalizaban por 

 denunciar su derecho adquirido al uso de agua para grandes exten- 

 siones de terrenos, sin darse cuenta que normalizado el régimen 

 tributario de la ley, se encargarían de demostrar la falsedad de 

 sus denuncias, y no ha faltado alguno que, adelantándose al por- 

 venir y forjando castillos en el aire; haya pretendido hacer cargos 

 á la administración por habérsele prendido las brasas en las ma- 

 nos sin poderlas soltar, y por el solo delito de haberse declarado 

 el Deparlamento de Irrigación, — conforme al artículo 104 de la 

 ley, — satisfecho con las pruebas presentadas para comprobar su 

 derecho adquirido al uso de bienes públicos. 



Aceptar el empadronamiento en esta forma, importaba desvirtuar 



