130 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



vieren vigentes. El codificador salteño ha desconocido la sencilla 

 claridad de este consejo, y como consecuencia, su obra ha resultado 

 contradictoria con principios fundamentales de nuestro Código Civil. 

 Así, declara del dominio privado aguas que salen de la heredad en 

 que nacen (art. 226), jjrescriptibles bienes del dominio público (art. 

 228), excesivos los derechos del ribereño contra textos expresos de 

 nuestro Código Civil (art. 232 y 233), insuficiente á nuestro código 

 nacional de minas (art. 236, 249 y 261), uno de los más completos 

 del mundo, respetado hasta por el proyecto actual del nuevo código 

 chileno; desconoce la legislación civil sóbrelos cauces naturales (sec- 

 ciones 6^ y 7^) : complementa, sin facultades constitucionales el régi- 

 men de las servidumbres ; suple la legislación federal sobre ríos na- 

 vegables, « previa consulta de la Sociedad Rural de Salta », y pierde 

 tiempo en la reproducción mecánica de la legislación española sobre 

 aprovechamientos de aguas públicas para barcas de paso, viveros de 

 peces, comunidad de regantes, etc., etc. » 



Esta crítica contundente no necesita comentarios. La última refor- 

 ma á ese código, títulos 14 y 15 del sancionado en 1903, no consti- 

 tuye la ley de riego que necesita la provincia ; los asuntos más ele- 

 mentales que se refieren al riego no están allí tratados y algunos de 

 ellos lo están contrariando principios de buena administración, de 

 policía de las aguas, etc. Son disposiciones de difícil cumplimiento, 

 por lo mismo que no resj)onden á las verdaderas necesidades del re- 

 gadío y no se fundan en el conocimiento previo de sus característi- 

 cas de orden técnico, porque se ha creído que por ser ley sólo debe 

 contener cláusulas legales sin necesidad de ocuparse de hacerlas res- 

 ponder á la especialidad técnica del caso. 



ISTo se me ha encomendado un proyecto de ley de riego, pero consi- 

 dero necesario establecer algunos principios generales que deben 

 servir de base al dictar las disposiciones legales á que ha de sujetar- 

 se el regadío dentro de las zonas que el gobierno resuelva mandar 

 estudiar, porque seríaunerrorprocederá la ejecución de obras defini- 

 tivas, de distribución ó de cualquier otro género sin antes establecer 

 aquélla en una forma clara y terminante. En Córdoba se ha procedi- 

 do contrariando estas previsoras precauciones y el resultado es que 

 no obstante estar libradas las obras al servicio público desde 1890, 

 resultan un verdadero fracaso administrativo y económico para la 

 provincia. En efecto, las tierras favorecidas por las obras, dentro de 

 la zona á que alcanzan las aguas del río Primero regularizadas en el 

 lago de San Eoque, no contribuyen todas al pagx) de las obras, á la de su 



