IRRIGACIÓN EN EL VALLE DE LERMA 131 



conservación y administración porque varios grandes propietarios se 

 niegan á recibir el agua dejando las tierras incultas, sin subdividirlas 

 ni colonizarlas, monopolizándolas así en unas pocas manos, de grandes 

 propietarios, que sin embargo lian visto formar su fortuna sin esfuer- 

 zo alguno y malgrado su resistencia, valorizando sus tierras de $ 3 

 por hectárea que valían antes de las obras, hasta 250 y 300 $ la hec- 

 tárea, á veces más según la ubicación. En esa forma, amparados por 

 la falta de una legislación previa, se han dejado enriquecer por los 

 lioderes públicos, entorpeciendo el j)rogreso general de la región con 

 los latifundios favorecidos, y moviendo cielo y tierra para evitar con 

 fútiles pretextos la sanción de cualquier ley que pueda venir á cam- 

 biar la situación especial de mártires enriquecidos á la fuerza, por 

 obras de progreso, que combatieron desde sus comienzos. 



El supremo derecho del Estado sobre las aguas públicas es indis- 

 cutible. Se ha querido sostener que ese derecho está limitado por tí- 

 tulos de propiedad de particulares que sostienen ser dueños del agua 

 de los ríos próximos á sus fundos, títulos que sostienen ser muy anti- 

 guos y conformes á la vieja legislación que los españoles implantaron 

 al respecto entre nosotros. 



Aun admitiendo que todos los títulos de la referencia fueran ante- 

 riores á la adopción de nuestro Código Civil, está ya bien demostrado 

 por autoridades en derecho, que nuestro codificador en esta cuestión 

 de aguas, no hizo más que adoptar la solución del proyecto de código 

 español, que confirmaba los usos y costumbres anteriores. 



Las leyes de Indias habían establecido que « las aguas sean comu- 

 nes para que las puedan « gozar libremente » sin hacer diferencias 

 entre españoles é indios, encomendando á jueces especiales el reparto 

 de las aguas si no estuviese en costumbre». 



En esa época el dominio del Estado sobre las aguas se confirma 

 con frecuencia; encomendando á virre5'es y audiencias, « vean lo que 

 fuere de buena gobernación en cuanto á las aguas», encareciendo 

 «hagan justicia en esta materia á quien la pidiese». 



Mal podrían entonces aquellos títulos privados ser válidos hoy; 

 son todos ellos deficientes por no decir nulos y sólo pueden acreditar 

 el derecho de su poseedor á usar del caudal de agua del dominio pú- 

 blico que necesite para sus cultivos, que ha podido aumentar á dis- 

 creción mientras la administración no limitaba ni reglamentaba ese 

 uso. Existe pues incuestionable un derecho á usar del agua pero no á 

 poseerla, que entre ambas cosas hay diferencia esencial. 



