140 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



interrumpirse algunos cauces en razón de las mismas obras, es preci- 

 so que el Estado tenga la amplia facultad de disponer de los acueduc- 

 tos á su voluntad. 



En una palabra, debe quedar bien establecido que las concesiones 

 otorgadas por el gobierno sólo se refieren al uso y goce del agua ; pero 

 que el Estado es arbitro en cuanto á la forma y punto de donde lia 

 de tomarse, del modo y condiciones en que ba de llevarse al terreno 

 empadronado así como de la forma en que han de sacarse del mismo 

 los sobrantes de agua. No podría suceder de otro modo si ha de cons- 

 truirse un sistema completo de obras definitivas y han de levantarse 

 á cada paso dificultades para su ejecución, fundadas en derechos ad- 

 quiridos que no pueden considerarse tales sino en cuanto reconocen la 

 utilización de las aguas sin otra condición alguna. 



Eespecto a la construcción de desagües debe ser tan recomendada 

 como la de los mismos canales y hasta algunos autores aconsejan 

 no construir estos sino después de aquéllos. La experiencia ha demos- 

 trado que los terrenos que se han regado sin hacerles buenos desagües 

 se han perdido en muy poco tiempo ; y no solamente en Tucumán, 

 sino en Mendoza y San Juan, departamentos enteros se han arruinado 

 en esta forma. 



Lo más radical y práctico, tratándose de tierras ya favorecidas por 

 obras definitivas que no x^neden abandonarse por haberse perdido las 

 tierras por desidia ó ignorancia de los regantes, es establecer en for- 

 ma terminante que no podrá regarse un terreno si antes no tiene cons- 

 truido su propio desagüe, dando un plazo perentorio de cinco años, 

 j)or ejemplo, para que los ejecuten aquellos que riegan hoy, es decir, 

 que .tengan concesiones por reconocimiento de derechos adquiridos, y 

 no los tengan construidos. 



Sólo falta establecer la forma en que han de costearse los gastos 

 que importan líis obras, su conservación y administración. 



El principio de carácter general que debe prevalecer, porque es de 

 estricta justicia y equidad, es que todos los concesionarios contribuyan 

 proporcionalmente á la magnitud de sus respectivas concesiones en 

 el prorrateo de gastos de cualquier género que sean, sin distinción 

 de posición topográfica ; es decir, que el propietario que recibe el 

 agua en la cabecera de un canal comunero, en general lo paga en la 

 misma forma que el propietario que esté al fin del mismo canal, pro- 

 porcionalmente á las hectáreas que cada concesión representa. El 

 primero podría alegar que no necesita contribuir al pago de un largo 



