DIRECCION GENERAL DE MINERIA 211 
radas á todas partes de la mina y sus manos á ninguna, observar mu- 
cho y ordenar nada. 
La primera obligación del inspector de minas, es vigilar que se 
cumplan debidamente los reglamentos y disposiciones de policía mi- 
nera que expedirá la Secretaría de Fomento. No voy á indicar en de- 
talle cuáles deben ser estos reglamentos especiales, porque eso sería 
usurpar atribuciones que sólo deben corresponder al Director General 
de Minería y á los muy competentes inspectores de minas; pero si de- 
bo indicar, desde luego, para que este escrito quedo completo, cuáles 
son las principales ideas generales que deben tenerse presentes al 
hacer esos reglamentos y disposiciones de policía minera para México. 
Nadie puede negar la conveniencia y necesidad de establecer una 
vigilancia especial en los trabajos mineros, si se tienen en cuenta los 
peligros que le son inherentes, aunque por lo general se exageran 
mucho la frecuencia y gravedad de estos peligros, En todos los paí- 
ses la organización de esta vigilancia está encomendada á una oficina 
administrativa especial, ligada á la administración general, y que 
procura reducir al mínimo los peligros que se presentan inevitable» 
mente en los trabajos mineros. Para conseguir esto, no bastan los 
estudios y buenos deseos de la administración de minas, sino que es 
indispensable contar también con la buena voluntad de los explotado- 
res de minas; y para esto, es preciso que esos reglamentos, que esas 
disposiciones de policía minera, sean prácticos y económicos, porque 
de lo contrario, al sujetar á ellos la explotación de las minas sólo se 
alcanzaría un fracaso comercial y el explotador no volvería á obedecer 
las disposiciones referidas. 
Para todo lo que se relaciona con la seguridad de los operarios de 
minas y la estabilidad del suelo minado, la Secretaría de Fomento es- 
tá investida por la ley minera (arts. 130-133) de un poder discrecio- 
nal; pero no es conveniente hacer uso de este derecho sino con mucha 
prudencia y hasta cierto punto, hasta un límite comercial, pasado el 
cual se impediría por completo el desarrollo de la explotación, y esto 
sería más nocivo que útil á los verdaderos intereses de los obreros de 
minas y al interés público. 
