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la lógica de los hechos producidos, ha largo tiempo que los impug- 

 nadores del sistema debían haberse desanimado, aunque bien es 

 conocida la persistencia de los intereses comerciales cuando persi- 

 guen provechos inmediatos. 



La Convención de Río, al sentar como principio de su legislación, 

 que la base de un tratamiento profiláctico está constituida por la 

 veracidad más absoluta en las informaciones, no trepidó en fijar en 

 los artículos el rechazo absoluto de las declaraciones de aquellos 

 funcionarios; pero interesada en que las compañías de navegación 

 aceptaran los empleados de las altas partes contratantes, resolvió 

 que á éstas les correspondía el sostenimiento de los inspectores via- 

 jeros, cuyos emolumentos se fijaron en 500 $ oro mensuales, reso- 

 lución que debía servir más tarde como elemento de resistencia 

 por parte de las empresas, cuando se llevaron á cabo las modifica- 

 ciones en la reglamentación de este cuerpo. 



Estos inspectores sanitarios de navio sólo prestarían servicios 

 cuando fuesen solicitados, pues careciendo los tres gobiernos de 

 compañías propias, su acción no puede ni podía ser directa. Las 

 empresas sólo tendrán que dar el pasaje de ida y vuelta de prime- 

 ra clase para dichos facultativos, facilitándoles, además, todos lo- 

 medios posibles para el mejor desempeño de su misión. ' En ca- 

 so de la menor resistencia por parte de las autoridades del navio 

 cesaban sus funciones, debiendo anotar todo lo ocurrido, en los li- 

 bros oficiales que la autoridad sanitaria le había entregado al partir 

 á su misión. 



Estas resoluciones, bastante liberales por cierto, dado que su 

 aceptación daba á las compañías verdaderas ventajas, fueron resis- 

 tidas con furor por parte de las empresas de navegación, bajo el 

 pretexto de que con ellas se violaban las cláusulas del derecho in- 

 ternacional. La vía diplomática fué tocada, y durante algún tiem- 

 po el gobierno nacional recibió numerosas reclamaciones sobre el 

 punto, que fueron contestadas con las razones que de la naturaleza 

 del asunto se desprendían, haciendo notar que los gobiernos con- 

 tratantes no obligaban á nadie á aceptar á estos funcionarios, pues 

 sus servicios eran facilitados á los que lo solicitaban. Parece que 

 esta era la buena doctrina, porque algunos años más tarde, como 

 veremos más adelante, los mismos impugnadores hacen gala del 

 servicio de estos empleados tan resistidos, llegando en su entusias- 

 mo hasta copiar al pie de la letra toda la reglamentación argentina. 

 —(Reglamentos italiano y francés actuales). 



