— 242 — 



La resistencia de las empresas no provenia, por cierto,de los moti- 

 vos que ostensiblemente aparecían en los documentos citados; la 

 verdadera causa estaba en que, con la presencia de los inspectores, 

 •quedaba suprimido el sistema de engaño que reinaba anteriormen- 

 te. El funcionario argentino, oriental ó brasilero tenia entre sus 

 obligaciones la de consignar todas la novedades ocurridas á bordo, 

 ■examinar los enfermos, etc., y era imposible que aceptara los diag- 

 nósticos leoninos, en los casos de enfermedades infecciosas. Era 

 un testigo inoportuno y vigilante, que era necesario que desapare- 

 ciese, pues anotaba en su libro todo lo ocurrido, para entregarlo á 

 las autoridades al llegar al puerto de su destino. 



El Reglamento Sanitario que contiene los preceptos de la Con- 

 vención de Río, mantiene también la institución de los inspectores 

 sanitarios, pero les imprime modificaciones importantes, tendentes 

 á salvar los escollos que habían motivado la supresión temporaria 

 por parte del gobierno. En estas modificaciones se busca, sobre 

 todo, el mantener el objeto primordial de su creación, la observa- 

 ción prolija del estado sanitario del navio durante la travesía, ha- 

 ciéndoles completamente extraños á los intereses particulares que 

 los rodean; todo con gran ventaja para el comercio y público y con 

 economía para el erario. 



Los inspectores sanitarios de navio, nombrados por los gobiernos 

 contratantes, con el elevado sueldo que citamos (500 § oro), des- 

 aparecen para dar lugar á los «médicos embarcados é inspectores 

 sanitarios viajeros», que prestarán servicios cuando los soliciten las 

 compañías, corriendo sus honorarios (10 $ oro diarios) y la trasla- 

 ción al punto de embarque, por cuenta de las mismas. En los ar- 

 tículos 39, 40, 41 y 42 del Reglamento Sanitario se fijan detallada- 

 mente los deberes de estos funcionarios, que, en su mayor parte, 

 han sido recordados ya, por lo que no los trasladaremos aquí. 



En el año 1895, al establecerse en la legislación sanitaria algunas 

 modificaciones, el gobierno creyó oportuno suprimir estos funcio- 

 narios, haciendo honor á las gestiones de las empresas, en las que 

 pedían fueran aceptadas las declaraciones de sus médicos ante las 

 autoridades argentinas. Esta resolución se mantuvo á pesar del 

 peligro que encerraba y que fué puesto en relieve en una comuni- 

 cación del Departamento de Higiene. La confirmación de sus 

 afirmaciones, la dio al poco tiempo el vapor «Asiduitá», con el en- 

 fermo de que hemos hablado y, sobre todo, la pequeña epidemia 

 de la fiebre amarilla, en los bajos de Belgrano, penetrada hasta allí 



