214 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Cantón, Tello y Wernicke y aún algunos de ellos á título provisio- 

 nal. 



Resulta, pues, una gran mayoría (14 contra 6) en oposición á esa 

 íorma de provisión de cátedras, difiriendo las opiniones sobre si 

 deben ser ó no las facultades las que hagan el nombramiento, sobre 

 los derechos de los profesores suplentes, etc. 



Para que se conozcan estas diferencias y los fundamentos de las 

 opiniones, extractamos en seguida aquellas en que se trata la cues- 

 tión con cierto desarrollo. 



Decoud cree « que no valdría el cambio de la organización actual 

 sino sobre la base de la autonomía, excluyendo al Estado en las 

 cuestiones administrativas y en el nombramiento de los profesores, 

 puesto que en la práctica, uno y otro son solidarios. El nombra- 

 miento gubernativo nos va haciendo ver con tristeza que hay nece- 

 sidad de adquirir'influencias utilizables, más quizá que el sacrifi- 

 cio en la dedicación al estudio, y en las prácticas del saber, — y si 

 ha cabido éxito en las tentativas hechas, esto no indica sino un 

 comienzo de descomposición. Es evidente que un cuerpo colegiado, 

 científico, no podría ser influenciado sino por razones técnicas, 

 y en ese sentido, el nombramiento directo de los profesores por las 

 facultades respectivas, agregaría la justicia del proceder al valor 

 de un criterio recto ». 



Para Duncan « la universidad mixta ó con intervención de] Es- 

 tado traería consigo más defectos en su organización y funciona- 

 miento que los que se trata de corregir ». 



Según Veyga : « El Estado no debe intervenir en las universidades 

 declaradas libres sino en una forma muy restringida, á saber : El 

 Poder Ejecutivo, para aprobar la instalación ó supresión de nuevas 

 cátedras, vigilar el cumplimiento de la ley universitaria y asegurar 

 los recursos con que se mantengan las escuelas, estableciendo ade- 

 más la forma en que han de hacerse válidos los diplomas que éstas 

 expidan. 



«La intervención oficial no deberá hacerse por intermedio de 

 autoridades ó funcionarios que tengan parte en el gobierno de las 

 universidades. 



«El Congreso, de otro lado, puede intervenir para crear nuevos 

 recursos ó pa_ra investigar la marcha de la institución, sea esta in- 

 vestigación solicitada por aquélla ó requerida por el Congreso. Así 

 ha intervenido el parlamento inglés en el curso de este siglo en las 



