216 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



cátedras suplentes por concurso, en todas las facultades sin dis- 

 tinción. Las cátedras efectivas debieran ser llenadas por el suplente 

 respectivo. » 



Para el doctor Gutiérrez « el estado debe tener el derecho de 

 interveniren la inversión de los fondos que él destine para la ense- 

 ñanza. Los profesores deben ser nombrados directamente por cada 

 facultad, de entre los sustitutos que hayan obtenido la plaza por 

 concurso, sin ninguna intervención del gobierno. El gobierno dista 

 mucho de las facultades para que conozca bien las necesidades de 

 ellas y pueda remediarlas. Estando tan alejado de ella, ¿cómo puede 

 interesarse por su progreso? Los afectos personales valdrán para él 

 mucho más, en la generalidad de los casos, que la prosperidad de 

 las facultades. El nombramiento de profesores se deberá hacer por 

 concursos ó bien por el voto délos académicos, profesores titulares 

 y suplentes, es decir, por el voto de todo el cuerpo docente de la 

 facultad, que es la parte vital de la enseñanza ». 



« Sobre este punto debe hacerse, — á juicio del ingeniero Krause, 

 — lo que la Constitución Nacional permita, desde el momento que 

 no puede hacerse abstracción por ahora de ios recursos que pro- 

 porciona el Estado, éste no puede dejar de intervenir en las cues- 

 tiones administrativas (inversión de fondos, etc.) pero sí puede 

 dejar de intervenir en el nombramiento y destitución de los profe- 

 sores, delegando estas funciones en las respectivas facultades ó en 

 el consejo superior. » 



Para Martín y Herrera « la intervención del estado debe limitarse 

 á las cuestiones administrativas y á dictar el plan general de estu- 

 dios (artículo 67, inciso 16, Constitución nacional)», de acuerdo 

 con el ingeniero Silveyra. quien cree que « la única intervención 

 que convendría establecer, sería la que se relacionara con la justifi- 

 cación de la inversión de los fondos con que el estado concurriere ». 



Veamos ahora las opiniones favorables al nombramiento de pro- 

 fesores por el Estado. 



« La superintendencia del Estado, en punto á la inversión de los 

 fondos con que sostiene la instrucción superior, no puede ser ma- 

 teria de discusión. En lo que no debe intervenir, como tampoco las 

 universidades, es en la inversión de las rentas de cada facultad. 



« Por lo que toca al profesorado, y dado el sistema de ternas, que 

 salva la independencia de cada cuerpo académico, nada de parti- 

 cular tiene la designación ministerial de catedráticos que, al fin y 



