MÜNICIPALIZACIÓIN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 205 



Si estos derechos han sido ya acordados bajo bases que perjudican 

 la felicidad y el bienestar de los habitantes de una colectividad 

 cualquiera, nada más justo ni equitativo que el tratar de inquirir 

 los medios de aminorar los efectos del error cometido, es decir, 

 de evitar ó compensar los perjuicios ocasionados por la imprevi- 

 sión ó las circunstancias del momento en que se concedieron. Esta 

 solución, como es claro, debe buscarse dentro del límite de Injus- 

 ticia, sin herir, si es posible, los derechos otorgados á esos terceros, 

 tratando solamente de contrarrestar por medios lícitos, los efectos 

 del monopolio de un servicio imprescindible, por medio del más 

 leal é indiscutible de los derechos, cual es, estableciendo el mismo 

 servicio en igual ó mayor escala, que provoque, como consecuen- 

 cia natural, la competencia. Este medio, universalmente reconocido 

 como único factor capaz de reprimir el anhelo natural y propio del 

 capital, tan sólo es posible obtenerlo, cuando se trata de grandes 

 explotaciones de servicios generales, mediante la intervención di- 

 recta de las autoridades, dueñas únicas y exclusivas de la fuente 

 que brinda su desenvolvimienlo. 



Lanecesidad^de tal intervención defensiva es una consecuencia di- 

 recta de los medios de que hoy se vale el capital para obtener los ma- 

 'vores beneficios, pues en la actualidad, estas poderosas agrupacio- 

 nes han encontradoen el monopolio ó en la unión, una base más se- 

 gura y productiva para obtener intereses mayores que aquellos que 

 les ofrecía hasta ahora la competencia entre sí. 



Si lícito y honrado se considera, pues, el derecho del monopolio 

 y la unión como baluarte de defensa del capital privado, nadie ne- 

 gará tampoco qae el derecho de competencia es un medio coerci- 

 tivo rodeado de la más austera legalidad y encerrado dentro délos 

 límites déla más estricta justicia, máxime si se considera que su 

 único objeto es el de beneficiar á la comunidad. 



Admitiendo este principio, como una verdad indiscutible, teñe- 

 mos en el lo la base legal, que favorece por el lado del derecho, la rea- 

 lización del magno proyecto y al mismo tiempo el punto moral 

 <:iue impulsa y obliga, puede decirse, á la autoridad constituida, á 

 luchar por su ejecución, desde el momento que todos sabemos que 

 la existencia de un derecho, trae como consecuencia propia é ine- 

 ludible, el cumplimiento de un deber, que en casos como el que 

 tratamos, resulta ser imponente y grandioso, si se tiene en cuenta 

 el resultado que se busca. Además, el bienestar y las conveniencias 

 de la comunidad reclaman á diario la realización de la iniciativa 



