156 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



había real interés en analizar su composición química para conocer 

 con precisión hasta qué punto contribuye al abono de las tierras. Es 

 tarea que recién se ha iniciado por el ministerio de agricultura de la 

 nación á cuya división de agricultura se remiten mensualmente mues- 

 tras de agua, no sólo del río Salí sino de todos los demás cuyos cau- 

 ces se utilizan para la agricultura de la provincia. 



Todos los gastos de administración general y particular de las 

 aguas son á cargo de los concesionarios, cualqu:iera que sea la cate- 

 goría de su concesión como dijimos antes, es decir, ya sea ésta para 

 usar el agua para bebida ó para industria, para riego ó para fuerza 

 motriz. Este impuesto de irrigación que se fija anualmente en el pre- 

 supuesto general de la administración, se paga con arreglo á la mag- 

 nitud de cada concesión y conforme á una escala que determina la 

 importancia relativa de las varias aplicaciones de las aguas públicas 

 con respecto á una unidad típica que es la hectárea de derecho de 

 aprovechamiento permanente. 



Dentro del sistema legal en vigencia, se establece que los conce- 

 sionarios contribuyan en la misma forma proporcional al pago de los 

 demás gastos que exige la conservación de los canales y desagües, 

 como vimos antes, y también á los de construcción de los mismos. 

 Pero dentro de este espíritu de proporcionalidad sólo se explica el 

 pago de las obras y conservación real de las que directamente benefi- 

 cian los contribuyentes, es decir, que no se explicaría para todos los 

 regantes de la provincia, divididos en zonas tributarias de ríos dis- 

 tintos que imponen sistemas completos diferentes de obras, de coste 

 muy variado respondiendo á las condiciones locales de cada región : 

 son gastos esencialmente variables para cuyo pago ó reembolso no 

 pueden equipararse á todos los concesionarios de la provincia. 



Hacerlo así importaría contrariar uno de los caracteres propios del 

 sistema legal vigente que asegura á las comunidades regionales, cuya 

 subdivisión dispone el mismo como consecuencia directa de la distri- 

 bución de los canales que forman cada red, una autonomía propia en 

 la administración de sus intereses, una vez que pagadas íntegramente 

 las obras por los concesionarios que las forman, están en condiciones 

 de regirse aplicando estrictamente las disposiciones legales y regla- 

 mentos generales, para cuya fiscalización sólo se necesitará entonces 

 una administración general, prevista por la misma ley de riego, cuyas 

 funciones projiias serán entonces tan reducidas que representarán un 

 ínfimo gasto. 



