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Durante el período preconstitucional en México, la legislación sobre petró- 

 leo tendió a reivindicar los dereclios de' la nación, conculcados por anteriores 

 gobiernos; pero tanto el Gobierno Federal como el de cada uno de los Estados en 

 donde se explota el petróleo, solieron dictar leyes que algunas veces se encon- 

 traban en pugna, hasta que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, por 

 decreto de 23 de marzo de 1915, fundó, dependiendo de la Secretaría de Fo- 

 mento, la Comisión Técnica del Petróleo, para investigar todo lo concerniente a 

 este importantísimo ramo de la riqueza nacional, establecer sus relaciones con 

 el Gobierno, y proponer las leyes y reglamentos, indispensables para el desarro- 

 llo de la industria petrolera. 



La primera medida administrativa tomada por la Comisión, fué hacer obli- 

 gatorio el registro de todas las compañías o razones sociales que se dediquen a 

 la explotación del petróleo, en la oficina de referencia, suministrando todos los 

 datos necesarios para formarse idea clara de su organización, de los terrenos con 

 que cuenta cada una de ellas y el monto del capital subscripto y el que se trata 

 de invertir en el negocio. Otro de los grandes pasos para encarrilar legalmente a 

 esta importante industria, es la revisión que se ha hecho y se continúa haciendo 

 por esta misma oficina, de todos los contratos sobre petróleo celebrados con las 

 administraciones pasadas, los cuales adolecían desde un principio de grandes de- 

 fectos, desde el punto de vista legal, pues se habían pasado por alto muchas de 

 las disposiciones de la Constitución de 1857, siendo esta una de las principales 

 causas para declarar su nulidad; además, como muchas de las compañías no 

 cumplieron, sino en parte, con las obligaciones que les imponían sus contratos 

 con el Gobierno, fueron declaradas caducas o se encuentran en el caso de que se 

 declare la caducidad, por falta de cumplimiento a sus respectivas obligaciones. 



Conforme a la circular núm. 13 de la Dirección de Minas y Petróleo, De- 

 partamento del Petróleo, de fecha 15 de mayo de 1916, se estableció, bajo pena 

 de suspensión de los trabajos autorizados, etc., etc., una cuota de $300.00 oro 

 nacional cada bimestre, como contribución para los gastos de inspección a cada 

 una de las compañías o de los particulares que se hubieren registrado o en lo 

 sucesivo se registraren, quedando excluidas del pago de esta cuota, las compañías 

 que tienen estipulada, en virtud de contratos anteriores, la cantidad con que de- 

 ban contribuir para los gastos de inspección. 



Esta medida provocó comentarios numerosos; y estando en prensa este libro, 

 ha sido derogada, probablemente, por causas accidentales; siendo bien claro que 

 esa cuota uniforme de inspección podría haberse substituido por otra que fuera 



