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carga para el costo de la producción, derivadas de la concesión del fundo mine- 

 ro a los fundadores de la compañía por el Gobierno. 



Séptima. — Nunca se concederá una extensión de terreno, reputado como 

 productivo superior a la que se pueda explotar con el capital en efectivo subs- 

 cripto. Al aumentarse el capital pagador de una compañía, en el caso de que se 

 haya tenido éxito en el fundo primitivo, se podrá ampliar éste, en la proporción 

 del aumento correspondiente al aumento de los recursos de la compañía. Esto 

 tiende a evitar, hasta donde es posible, el latifundismo minero, que ha hecho que 

 permanezcan sin explotar muchos de los yacimientos reconocidos que han sido 

 denunciados por las compañías poderosas, o por ciertos individuos que viven 

 acaparando fundos mineros sin llegar a trabajarlos, esperando una oportunidad 

 para venderlos a alto precio. 



Octava. — El impuesto minero por hectárea debe conservarse, debiéndose 

 pactar en todas las concesiones una participación de la Nación en las utilidades 

 líquidas de los negocios mineros, representados por el -5% del número total de 

 acciones que lleguen a emitirse, tanto pagadoras como liberadas, a título de 

 gastos de intervención e inspección. 



Novena. — A los descubridores de yacimientos nuevos, se les asignará un 

 premio en metálico por el Gobierno y el derecho de formar compañías para 

 explotar con el capital necesario, por un período que no exceda de tres años, 

 fenecido el cual, el Gobierno puede disponer de los yacimientos en favor de las 

 compañías que aporten el capital necesario para la explotación, concediéndoles 

 los fundos bajo las bases antes dichas. 



En cuanto al Código de Comercio, debe modificarse de acuerdo con las nue- 

 ve bases que acabo de exponer, introduciendo la manera de que se hagan efec- 

 tivas las responsabilidades de las Juntas Directivas y de los Directores Técni- 

 cos de las Compañías, pudiéndose exigir estas responsabilidades por una mino- 

 ría de una sexta parte de los poseedores de las acciones emitidas y vigentes, o 

 por denuncia de los interventores del Gobierno. 



Estas medidas son sumamente urgentes para que el desarrollo de nuestra in- 

 dustria minera llegue a alcanzar el grado que corresponde a la riqueza de nues- 

 tro subsuelo. 



Debe mantenerse en vigor la circular de 15 de agosto de 1916, en que inca- 

 pacita a los extranjeros o a las sociedades extranjeras, si no se nacionalizan 

 previamente, para adquirir derechos sobre cualesquiera de los bienes a que se 

 refiere dicha circular; aun cuando sería mucho mejor y más práctico el declarar 

 constitucionalmente que por el sólo hecho de adquirir bienes en la República o 

 explotar cualquiera industria, los extranjeros que se establezcan en la nación o 

 adquieran en el extranjero acciones de empresas que exploten los recursos na- 

 cionales, se consideran para todos sus efectos como si fueran adquiridas por 



