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Este último perjuicio no ofrece dificultad en materia de legislación. Es punto de de- 

 recho incontrovertido, que en la servidumbre llamada de aguas, por la cual los pre- 

 dios inferiores están sujetos á recibir las aguas que caen de los superiores, el dueño del 

 predio superior no puede ejecutar obras que agraven esa servidumbre. Tan sólo sería 

 conveniente robustecer esta prohibición con algunas disposiciones complementarias que 

 impidan sea eludida cuando el perjuicio proceda del desmonte. 



Mas, aun cuando la tala, por verificarse en campo llano, no sea una amenaza para 

 los colindantes, subsiste el daño que hemos visto, irroga á la comunidad con el hecho 

 de cegar una fuente de productos. 



¿Este daño es de naturaleza tal que justifique la ingerencia de los poderes públicos 

 para impedirlo ó reprimirlo? 



El dictamen de la Sociedad de Geografía y Estadística, de que he hecho antes men- 

 ción, invocando las instituciones de la nación y los principios económicos de que se de- 

 rivan, concluye que ni las unas ni los otros toleran una ingerencia directa de los pode- 

 res públicos en la administración de los bosques de propiedad privada. 



Esto no obstante, así como en ese dictamen el rigorismo constitucional y económico 

 amaina algún tanto, concediendo que á los municipios se les pudiese permitir poseer en 

 propiedad los bosques indispensables para el uso común, así creo también que sin po- 

 nerse en pugna con los axiomas del derecho público y de la economía política, bien 

 puede el legislador prohibir el aniquilamiento de los montes cuando no tuvieren por 

 objeto dedicar el terreno á la labranza. 



La libertad del hombre en el uso y aun en el abuso de su propiedad, mientras no 

 perjudique de un modo directo á la sociedad en general ó á cualquier individuo parti- 

 cular, descansa ciertamente en dos sólidos pedestales: el derecho público y la economía 

 política. Ni el uno ni la otra aplauden el abuso; pero el derecho público sostiene con 

 razón que esos males indirectos son difíciles de apreciar; y, lo que es más grave, su 

 apreciación varía hasta lo infinito, según las ideas, los intereses y las preocupaciones 

 de cada individuo, y que las medidas que fueren de adoptarse para poner el remedio, 

 sin lograr este objeto, sólo conseguirían entronizar una tiranía inquisitorial. La econo- 

 mía política demuestra, á su vez, que la propiedad y el capital adquieren un valor 

 tanto más considerable cuanto menos son las trabas que la ley opone á su libre admi- 

 nistración. 



Soy el primero cuando se trata de rendir homenaje á estos principios: conforme á 

 ellos he procurado resolver una cuestión anterior, y no incurriré en la grave falta que 

 tanto ha perjudicado al socialismo, de negar las verdades más evidentes de la ciencia 

 económica, en el afán de hacer preponderar sus propias doctrinas, tal vez ciertas algu- 

 nas, entre el cúmulo de sus lucubraciones utopistas. 



Pero cuanto más estudio el origen histórico de la propiedad del suelo, su naturaleza, 

 sus fundamentos científicos, más y más se apodera de mí la convicción de que con el 

 intento loable de hacer desaparecer los males de la comunidad de bienes, se ha incu- 

 rrido en el error magno de equiparar en todo la propiedad de la tierra á la de los bie- 



