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causa pública o a alguna persona; y 5? Que el móvil sea 

 el interés personal, por afecto o desafecto. 



Con el caso determinado en el N? 6? del Art. 234 

 se tiende a que las personas que ejercen las funciones 

 de juez tengan la debida imparcialidad, y no la tendrían 

 quienes hayan patrocinado a alguna de las partes como 

 abogados o procuradores. 



Si todos los anteriores casos de prevaricación han 

 sido cometidos en materia penal, esta es una circuns- 

 tancia agravante, que obliga al juez a imponer el máxi- 

 mum de la pena. (Art. 235). 



En el Art 236 se castiga a los al ogados, defenso- 

 res o procuradores que faltan a los deberes que les im- 

 pone su profesión o cargo en las relaciones con sus clien. 

 tes, y así les está prohibido: descubrir los secretos de su 

 defendido á la parte contraria; defender a una de las 

 partes, después de haberse encargado de la defensa de 

 la otra y enterádose de sus pretensiones y medios de 

 defensa; o que estipularen cuota en lo que produjere el 

 juicio; o que de cualquiera otro modo, perjudicaren a su 

 defendido para favorecer al contrario o sacar alguna uti- 

 lidad personal. 



En cuanto a la revelación de secretos, son varios 

 los casos en que en el Código se castiga esta revelación, 

 tales como los previstos en el Art. 239 y 438. 



Son muchos los males que pueden causarse con la 

 revelación de un secreto, y las personas que por su pro 

 fesión están en posesión de un secreto no deben reve- 

 larlos, y menos los abogados a la parte contraria. Por 

 esto el delito es más grave en este caso que en el de- 

 terminado en el Art. 438. 



Las personas enunciadas en el Art. 236, que des 

 pués de haberse hecho cargo de la defensa de una de 

 las partes, y enterádose de sus pretensiones, defendie 

 ren a la otra, abusan, efectivamente, de la confianza que 

 se ha depositado en ellas; pero para la existencia de es- 

 te delito es indispensable que el que toma a su cargo la 

 defensa de una persona la abandone, después de haber 

 se instruido en sus derechos o razones. 



La Ley Orgánica del Poder Judicial prohibe a los 



