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justo, es de menor gravedad la infracción que si fuere 

 injusto, porque no hay perjuicio alguno; no existe sino 

 la convención ilegal. 



¿Si el acto ofrecido ejecutar, no es de la competen- 

 cia del funcionario habría delito? Creemos que no, 

 porque el Código dice : « para ejecutar un acto de su em- 

 pleo u oficio», 3^ no puede desatenderse lo que el legis- 

 lador claramente lo ha manifestado. Habrá un engaño, 

 un fraude pero no el delito de corrupción. 



Si el funcionario ha ofrecido ejecutar un acto in- 

 justo o abstenerse de ejecutar «un acto que entraba en 

 el orden de sus deberes», a más de la convención ilícita, 

 de la venalidad, hay la injusticia o ilegalidad ofrecida; 

 existiendo el delito aun cuando no se cumpla la oferta, 

 porque de cumplirse el acto injusto o de abstenerse de 

 ejecutar estaría el culpable en los términos del Art. 241. 



En este Art. se prevé ya el caso de que el funcio- 

 nario público que por dones o promesas ofreció ejecutar 

 un acto injusto, lo habiere ejecutado realmente, o se 

 hubiere efectivamente abstenido de ejecutar el acto que 

 prometió no hacerlo. 



En este caso, hay propiamente dos infracciones: la 

 corrupción y el haber ejecutado el acto injusto o no ha- 

 ber ejecutado el acto que debía; pero no puede aplicarse 

 la regla del Art. 65 porque el legislador de las dos in- 

 fracciones ha constituido un crimen especial. 



Un acto es injusto cuando es contrario a la ley, a 

 la razón, pero sin que sea un crimen o delito; pues si el 

 funcionario se dejare corromper para verificar un cri- 

 men o delito, sería la infracción determinada en el Art. 

 242 si no ha cometido el crimen o delito y si lo ha co- 

 metido tendríamos la concurrencia de varias infrac- 

 ciones. 



En efecto, el Art. 242 se refiere al caso de que la 

 corrupción tuviere por objeto cometer en el ejercicio 

 del cargo un crimen o delito sin llevarlo a efecto. 



El crimen o delito de corrupción, lo hemos dicho 

 ya, se consuma por el hecho de la negociación ilícita, 

 pero el legislador toma en cuenta también la finalidad 

 que el corruptor se propone: un acto justo, injusto o un 

 crimen o delito. 



