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mente establecido; contra la otra ejecución de un decre- 

 to, auto o sentencia judicial; o de cualquier orden ema- 

 nada de la Autoridad». 



El culpable debe ser un funcionario o empleado ya 

 sea civil o militar, ya porque en todas estas infracciones 

 lo que se toma en cuenta es esta cualidad en el culpa- 

 ble, ya que no puede concebirse abuso de autoridad en 

 quien no la tiene. Si fuere un particular que se fingie- 

 re empleado público, habría una usurpación de funcio- 

 nes. 



¿El funcionario público que requiere u ordena el 

 empleo de la fuerza pública deberá ser competente; es 

 decir, deberá obrar dentro de los límites de sus funcio- 

 nes para que exista delito? 



Algunos comentadores sostienen la afirmativa, ya 

 que dicen que el empleado público que ejecuta un acto 

 fuera de su competencia es un simple particular. 



Pero yo creo, de acuerdo con Nypells, que aun 

 cuando el funcionario público sea incompetente existe 

 el delito, ya porque el Código no expresa esta condición, 

 ya por la naturaleza de la infracción que nos ocupa, en 

 la cual, como dice el citado autor, es preciso reconocer 

 que siempre que se presente la hipótesis', el funcionario 

 obra fuera de los límites de su competencia. 



La orden o el requerimiento de la fuerza pública es 

 lo que esencialmente constituye la gravedad de la in- 

 fracción; no es la simple desobediencia o resistencia lo 

 que se toma en cuenta, sino el empleo de la fuerza, de 

 la violencia, aun cuando no se la haya empleado. 



Por último, el acto del funcionario debe tener por 

 objeto alcanzar algún de los fines enunciados en el Art. 

 247. 



Entre éstos tenemos, en primer lugar, el requeri- 

 miento o la orden contra la ejecución de ima ley o de- 

 creto ejecutivo; es decir, que. de lo que trata el funcio- 

 nario es impedir que una ley o decreto ejecutivo se lle- 

 ve a efecto, 



En segundo lugar, impedir la percepción de un im- 

 puesto legalmente establecido: esto xs, los impuestos y 

 contribuciones autorizadas por una ley, ya que sólo el 

 Congreso puede establecer contribuciones. 



