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trado a ejercer sus funciones, sin haber prestado la pro- 

 mesa que la Constitución previene, será condenado a 

 una multa de cuarenta a cien sucres. 



Art. 253. — El funcionario público destituido, sus- 

 penso o declarado legalmente en interdicción, qué con- 

 tinuare en el ejercicio de sus funciones después de ha- 

 ber sido notificado con la destitución, suspensión o inter- 

 dicción, será castigado con una prisión de seis meses a 

 un año, y con una multa de cuarenta a ochenta sucres. 



Será castigado con las mismas penas el funcionario 

 público electivo o temporal, que hubiere continuado 

 ejerciendo sus funciones después de su respectivo perío- 

 do, salvo los casos legales. 



Disposición especial 



Art. 254. — Fuera del caso en que la Ley fija espe- 

 cialmente las penas con que deben castigarse los críme- 

 nes y delitos cometidos por los funcionarios o emplea- 

 dos públicos, los que se hubieren hecho culpables de 

 otros crímenes o delitos que estuvieren encargados de 

 prevenir, perseguir o reprimir, serán condenados en las 

 penas señaladas a esos crímenes o delitos, doblándose el 

 mínimum, si la pena es de prisión, 3^ aumentándose en 

 dos años, si es de reclusión mayor o menor. 



Del ejercicio de la autoridad pública ilegalmente anticipado o pro- 

 longado. — La ley distingue para la imposición de 'a 

 pena, la anticipación o la continuación en el ejercicio 

 de sus f uucioneg. 



Dos son los casos previstos en el Capítulo VIII: o 

 el funcionario público ha entrado a desempeñar las fun- 

 ciones de su cargo sin haber prestado la promesa cons- 

 titucional, o el funcionario público ha seguido desem- 

 peñando su cargo cuando alguna causa le impide seguir 

 ejerciéndolo. 



En el primer caso es un delito que se lo castiga 

 únicamente con multa, pues es una simple negligencia 



